TAL CUAL Alejandro Urbina | aurbina@nacion.com

De crisis alimentaria a oportunidad nacional

Director

La crisis alimentaria podría convertirse en una gran oportunidad de desarrollo. Con el correcto estímulo de precios, mejoras a la infraestructura y disponibilidad de mano de obra, los agricultores costarricenses pueden competir a nivel internacional.

Lejos de correr a establecer barreras a las exportaciones como algunos pretenden, Costa Rica debe eliminar completa y unilateralmente, y de manera permanente, los aranceles a todos los productos alimenticios. Los consumidores nacionales merecen poder adquirir alimentos al mejor precio, no importa dónde se produzcan.

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Y los exportadores agrícolas, con un poco de ayuda, pueden aprovechar los tratados de libre comercio (Chile, Canadá, México, CAFTA) establecidos para satisfacer la demanda de esos mercados. Ahora más que nunca se vuelven imprescindibles esos tratados. Pero tenemos que exportar aquello en lo que somos más eficientes. Todavía existen barreras y distorsiones que debemos corregir para lograr una mejor competitividad de nuestros productos agrícolas. Todavía destinamos recursos a sembrar productos que otros obtienen mejor y más baratos. La nueva realidad del mercado internacional impone una evaluación sobre qué producir y cómo.

Para esto, el país debe recuperar la inversión en el sector agrícola por tantos años abandonado; tenemos una posición ventajosa para hacerlo. El sistema de riego del Arenal (Senara), creado hace décadas con una altísima inversión, está subutilizado.

Un adecuado embalse suministraría agua a los agricultores cuando sus cosechas lo demanden y no cuando el ICE requiera generar energía (épocas a veces incompatibles). Pocos países competidores cuentan con una infraestructura de riego similar. Pocos también cuentan con puertos en ambas costas, Atlántico y Pacífico, desde dónde acceder a todos los mercados mundiales.

Sin embargo, la ineficiencia de Limón y Moín afecta la competitividad nacional.

En el Pacífico, la nueva administración del puerto de Caldera demostró, en muy poco tiempo, que sí se puede ser eficiente. Mientras tanto, en el Atlántico el puerto sigue secuestrado. El Gobierno debe imponer la reestructuración del puerto, y los limonenses, por su propio bien, apoyarla.

Para complementar la competitividad del agricultor costarricense, se requiere también reformar la política migratoria. Los extranjeros honestos que deseen trabajar según las normas laborales del país deben poder hacerlo sin mayores problemas de visa. Los recursos que gastamos en perseguir inmigrantes ilegales podemos destinarlos a detener y castigar a los patronos que los emplean y que no pagan las correspondientes cargas sociales. El relajamiento de la política migratoria beneficiaría tanto al productor con mayor oferta de trabajo como a los trabajadores nacionales que competirían en igualdad de condiciones y no como ahora, cuando unos cotizan a la CCSS y otros no. El impacto de “formalizar” el trabajo inmigrante beneficiaría también la seguridad social, pues recibiría ingresos por los servicios que hoy, de todas maneras, presta.

Finalmente, y mientras se dan estas transformaciones, el Estado debe velar por el impacto de los precios de los alimentos en la población más vulnerable. El próximo aumento de salarios mínimos tiene que ser sustancial. El deterioro en el poder adquisitivo del salario mínimo ha ocurrido por doble vía: aumento en los precios reales de los alimentos y la incapacidad gubernamental de controlar la inflación. Los que ganan menos merecen un respiro, pues gastan una mayor parte de sus sueldos en alimentación. Pero, además de un aumento significativo al salario mínimo, digamos del 10%, el Gobierno debería establecer un programa de asistencia tipo “food stamps”, cupones alimentarios electrónicos. Basándose en las tarjetas de débito que cientos de miles ya utilizan, se podría destinar parte del superávit fiscal en ayuda directa a las personas de menores ingresos para la compra de alimentos.

Exportaciones libres de aranceles gracias a los tratados de libre comercio, importaciones igualmente exentas de distorsiones, tierras irrigadas todo el año, puertos competitivos en ambas costas y amplia oferta laboral con protección salarial convertirían la presente crisis alimentaria en una gran oportunidad.n