Golpe a la democracia

 El ímpetu dictatorial de Ortega ha alcanzado extremos alarmantes en Nicaragua

 La comunidad internacional debe apoyar la lucha cívica de la población

La endeble democracia nicaragüense, cada vez más asediada por los arreglos espurios, los ímpetus autoritarios, el asalto a la institucionalidad y los objetivos continuistas del presidente Daniel Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán, acaba de sufrir otro serio y burdo golpe, que ensombrece aún más el futuro del país. Esta vez se trata de una decisión que agrede, directamente, el derecho de los ciudadanos a organizarse en partidos políticos para ejercer su capacidad soberana de escoger representantes; es decir, un disparo al centro neurálgico de la democracia y el Estado de derecho.

Las víctimas directas son el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), agrupación de centroizquierda en la que coinciden disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hastiados de la corrupción, turbiedad, verticalismo e ineficiencia de Ortega y la camarilla que lo controla, y el Partido Conservador (PC), histórica formación de centroderecha, con 150 años de contradictoria existencia y tradicional contrapeso, en el pasado, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), hoy virtualmente secuestrado por Alemán y sus secuaces.

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Utilizando subterfugios totalmente ilegítimos, el Consejo Supremo Electoral, dominado por la turbia alianza entre Ortega y Alemán, canceló la personería jurídica a ambas agrupaciones. Esto implica que no podrán constituirse legalmente en los próximos cuatro años y estarán imposibilitadas de participar en las elecciones municipales del 9 de noviembre próximo y en las presidenciales de enero del 2011. La medida aún puede ser cuestionada mediante un recurso de amparo. Sin embargo, como el Poder Judicial también es víctima del reparto entre el FSLN y el PLC, difícilmente enmendará la dictatorial decisión, a menos que la presión interna y externa sea sumamente enérgica.

Hasta ahora, lejos de aquilatar debidamente el curso de choque hacia el que se encamina Nicaragua, y la posibilidad de perder mucha de la vital ayuda que le proporcionan Gobiernos democráticos y organismos multilaterales, Ortega se ha aferrado a la medida. Peor aún, ni siquiera ha dado la cara abiertamente. Su grave mensaje es que las vías de rectificación y entendimiento permanecen cerradas. Mientras tanto, la frustración ciudadana crece, surgen llamados a la rebelión, el clima de inseguridad e inestabilidad afecta a la ya deteriorada economía, y la comunidad internacional valora qué hacer ante lo que el embajador de Italia en Managua calificó, acertadamente, como “un proceso de clausura del pluralismo político”.

El Gobierno ha amenazado a los diplomáticos que critiquen las medidas antidemocráticas hasta con expulsarlos del país. Tal amenaza, sin embargo, no solo debe ser rechazada; lo que se impone, más aún, es una intensa presión sobre Ortega para frenar sus peligrosas tendencias dictatoriales. Entre las cartas a utilizar debe contemplarse, incluso, el cese de la ayuda internacional, sin la cual el Estado colapsaría, a menos que haya rectificaciones importantes.

Sin fuerte apoyo internacional, los sectores democráticos nicaragüenses, activos, dignos, mayoritarios y valientes, pero también divididos y débiles, no podrán ser capaces, por sí solos, de frenar la arremetida. Mientras tanto, Ortega seguirá preparando, junto a Alemán, el guion del continuismo, la repartición y la incompetencia gubernamental. ¿Qué más revelador de esto último que el índice de inflación del 21,74% registrado entre mayo del pasado y este año, quizá el más alto de América Latina?

Hay, por todo lo anterior, razones de sobra para una enorme inquietud sobre el futuro de Nicaragua, cada vez más cerca de lo peor de su pasado y más lejos de la justas aspiraciones por un mejor futuro.