Funcionaria envió solicitud al Registro Público a petición de empresario

Gerente del IDA pidió liberar fincas registradas con fraude

 Trámite se hizo sin que el IDA tuviera expedientes de 13.000 ha en Limón

 Funcionaria dice que desconocía fraude y que se basó en criterio jurídico

La gerente del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Annie Saborío, pidió al Registro Público cancelar los gravámenes que pesan sobre tres fincas que fueron inscritas mediante un fraude.

Saborío hizo la solicitud al Registro Público a petición de un empresario y sin que el IDA tuviera en su poder ningún expediente con base en el cual emitir criterio sobre la situación legal de los tres inmuebles.

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Si la solicitud se hubiera aprobado, las propiedades podrían haber sido vendidas pese a que se trata de una doble titulación y los verdaderos dueños de los terrenos no los estaban vendiendo.

Las fincas inscritas ilegalmente abarcan un total de 13.055 hectáreas que en realidad les pertenecen a unos 30 dueños, entre ellos, la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó.

Esta Asociación posee un terreno de 38.360 hectáreas en Matina de Limón, de las cuales el 10 por ciento están incluidas en una de las fincas inscritas ilegalmente.

El presidente de la Asociación, Anastacio Espinoza Madrigal, dijo que nunca se ha intentado vender ninguna parte del terreno y recordó que la ley prohíbe vender tierras de reservas indígenas.

Falsificaciones. Las tres fincas del fraude que el IDA pidió liberar fueron inscritas en 1974 a nombre de la sociedad anónima El Cauce.

Una sentencia penal de 1979 determinó que el registro de esos inmuebles se hizo con resoluciones administrativas falsificadas, que simulaban provenir del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO, actual IDA).

Los jueces ordenaron anular la inscripción de las propiedades, pero el trámite nunca se realizó y las fincas continúan registradas, con gravámenes que impiden venderlas o hipotecarlas.

Con el tiempo, la misma tierra se fue inscribiendo a nombre de otros dueños como la reserva indígena. De ahí resultó la doble titulación.

Pese a los gravámenes, el empresario Álvaro Rossi se presentó al Registro a finales del 2006 con el argumento de que estaba en negociaciones con El Cauce para adquirir las tres propiedades, y solicitó anular las inmovilizaciones.

Según él, estas habían prescrito y para respaldar su trámite pidió al IDA emitir un pronunciamiento.

La carta firmada por la gerente de esa institución en febrero del 2007 indica: “No existe un archivo de expedientes sobre los trámites de informaciones posesorias (…) motivo por el que se considera que no existe impedimento legal alguno para informar al Registro Público y solicitar que a las fincas aquí relacionadas se les cancele la inmovilización”.

En una segunda carta, en junio del 2007, Saborío indica que el IDA “no tiene mayor injerencia en este asunto”.

Criterio jurídico. Ante una consulta de este medio, Saborío dijo que las cartas fueron elaboradas por la Dirección Jurídica y remitió al director de esta.

Sobre por qué autorizó la solicitud al Registro si la carta aclara que la entidad no tiene archivos sobre las fincas, respondió: “Yo no soy abogada. No voy a entrar a cuestionar lo que ellos (Dirección Jurídica) hicieron”.

El director legal, Carlos García, explicó que la solicitud se basó en el estudio registral de las propiedades y que en el Registro las inmovilizaciones aparecían como un “error interno”, sin referencia a la sentencia penal del fraude.

Se le preguntó por qué el IDA pidió levantar las inmovilizaciones en lugar de limitarse a decir que no tenía expedientes. García dijo: “Pudo ser un error de redacción”.

Ambos funcionarios aseguraron que nunca conversaron con el empresario Álvaro Rossi, pues este hizo su planteamiento por escrito al Departamento de Ordenamiento Agrario.

Sin conocimiento. Rossi aseguró a La Nación que cuando a él le ofrecieron las fincas le informaron sobre los gravámenes, pero nunca sobre el fraude.

Rossi realizó intensas gestiones para liberar las fincas. Presentó diversas solicitudes ante el Registro, apeló ante el Tribunal Administrativo y acudió a la Sala Cuarta.

Incluso, en junio del 2007 solicitó al Tribunal de Juicio aclarar los alcances de la ejecutoria de la sentencia que envió al Registro en 1979.

Rossi explicó que aunque sabía que existía una sentencia, no conocía su contenido pues cuando la solicitó en el archivo judicial le informaron que esta no aparecía.

La sentencia se incorporó al expediente de las fincas en el Registro en febrero pasado, cuando el vocero de los accionistas originales de El Cauce, Rodolfo Saborío, la envió.

Rossi aseguró que esa fue la primera vez que tuvo conocimiento del fraude y que inmediatamente desistió de comprar las tierras.

El Registro solicitó a al Tribunal de Juicio emitir una nueva ejecutoria de la sentencia, pues solo así podría anular definitivamente la inscripción de las fincas.