Ahorros devaluados y salario escolar

Diputado (PUSC)

De acuerdo con la información de La Nación correspondiente al pasado 8 de noviembre, en la actualidad los ahorrantes reciben menos intereses por las inversiones. Sin duda alguna, tal situación es preocupante por sus serias implicaciones en la economía, puesto que, según ese reportaje, la falta de incentivo por ahorrar puede motivar a los inversionistas a buscar otras opciones para colocar su plata, y ello puede provocar la salida de capitales ante la posibilidad de invertir en el extranjero.

Es preocupante que quienes hacen un esfuerzo por ahorrar estén viendo disminuidos sus ingresos, y más preocupante todavía, es el ahorrante que no recibe ni un céntimo por su dinero.

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Se preguntará el lector de quiénes estoy hablando. Me refiero a los trabajadores a los cuales mensualmente se les retiene un ocho coma diecinueve por ciento (8,19%) del salario bruto, porcentaje que pasa a integrar el monto del denominado salario escolar, retención aplicada hasta ahora solo a los funcionarios del Sector Público, y que constituye, en realidad, un ahorro obligatorio, por el cual el trabajador no devenga ningún interés.

Una injusticia. Respecto de este último hecho, el ejemplo citado en el reportaje de La Nación , revela que contra el empleado público se comete una injusticia del tamaño de la catedral. Veamos cifras significativas: si el interés al ahorro es de un seis coma cinco por ciento (6,5%) y la inflación se estima en un nueve coma ochenta y cuatro por ciento (9,84%), una persona que ahorre ¢100.000,00 al año, al transcurrir todo el año, recibe el monto de ¢6.500,00 por concepto de intereses; pero eso también significa que necesitará unos ¢9.000,00 extras para pagar los mismos bienes y servicios que, a inicios de ese año, podía comprar con esos ¢100.000,00, es decir que, pese a los intereses recibidos, tendrá que sacar de su propio bolsillo ¢3.500,00, para cubrir el déficit resultante de ese ahorro.

Al funcionario público, en cambio, se le retiene una porción de su sueldo para constituirle el salario escolar y, cuando lo recibe, al finalizar el período, habrá sufrido la pérdida patrimonial equivalente a la inflación registrada. Esto indica que el funcionario público obligado a tal retención, en lugar de ¢3.500,00, requiere ¢9.000,00 para recuperar la pérdida de valor que la inflación ha generado en su (primera) porción de salario retenido.

Corrección. Para tratar de enmendar ese entuerto, he presentado a la corriente legislativa los proyectos de ley que se tramitan bajo los expedientes N.º 16.596, 16.597, 16.598, 16.599 y 16.881, todos con miras a corregir la injusticia señalada, pues propongo que el patrono pague un interés por las porciones de salario retenidas, o bien que esa porción del ahorro se exonere de algunas o de todas las cargas que pesan sobre el salario, o la alternativa de que ese ahorro sea transferido a una entidad bancaria que pague por él una tasa de interés.

Con esos proyectos, no solo se pretende corregir la injusticia apuntada; también se procura impedir que siga ensanchándose la brecha social: así, el salario es una herramienta para la distribución de la riqueza, ya que según los expertos, un alto crecimiento económico no garantiza una mejor distribución del ingreso, si no es por medio de políticas públicas que poten- cien una distribución más justa.