Edgardo Campos

Faltó claridad

 Es injusto decir que empresarios honestos obstaculizan la idea de las rutas intersectoriales

Abogado

Me refiero al tema de las rutas intersectoriales llevadas adelante como un proyecto del Gobierno para despejar el innecesario tránsito vehicular y peatonal de la capital. Participé como uno de los abogados de un grupo de empresarios de transporte público en el citado concurso y desde el inicio nos sorprendimos por la manera en que las máximas autoridades del MOPT manejaron este tema. Las presentes líneas buscan emitir un criterio distinto del “oficial” y de algunas opiniones que considero no se ajustan a lo acontecido.

Sin evaluaciones. Cuando revisamos la documentación original emitida por el Consejo de Transporte Público (CTP) y analizamos los requisitos exigidos para participar como oferentes en las rutas intersectoriales, no otra cosa se concluyó, sino que la invitación era ayuna de formalidades, carecía totalmente de un sistema de evaluación con porcentajes específicos y nos preguntamos con absoluta seriedad cómo irían a ser evaluadas las ofertas. La interrogante no tardó mucho en llegar: tan solo unas horas antes de que venciera el primer plazo para la recepción de las ofertas, el CTP, reunido extraordinariamente, adoptó un sistema para calificar a los oferentes y amplió en tan solo cuatro días ese primer plazo.

Para el momento que nos ocupa, la prensa escrita y televisiva brindó a la opinión pública las declaraciones de altas autoridades del MOPT que aludían a la fecha precisa en que un consorcio de empresarios nacionales iniciaría operaciones en las nuevas rutas; se aludió de modo específico a que las unidades ya estaban en el país, que los citados empresarios ya tenían adelantadas las gestiones a fin de dotar de permisos de trabajo a choferes extranjeros y, de manera increíble, se anunció que los buses ya importados eran de color amarillo (valga aclarar que en ninguna parte de la invitación a participar ni en el ulterior acuerdo que introdujo las normas evaluativas, se puso como condición que los buses fueran amarillos). Lo más grave de los hechos aquí abordados es que los plazos para presentar las ofertas ni siquiera habían vencido cuando estos anuncios se dieron.

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Las anteriores consideraciones nos hicieron pensar que mediaba en este proceso algo no muy claro y que algunos empresarios –reunidos en el consorcio que al final fue escogido– tenían tratos preferenciales y manejaban información que no era de conocimiento igualitario para todos los interesados.

Con este panorama, el grupo que representamos –conformado por cuatro empresas de transporte– presentó una oferta formal por la ruta La Valencia-San Antonio- Santa Ana. Lo hicimos conscientes de que ningún otro grupo tenía la experiencia para brindar un servicio en una ruta en que nuestro grupo brinda el servicio actual en casi todo su recorrido.

Las cosas resultaron tal como lo habíamos pensado: el CTP decidió otorgar al consorcio todas las siete rutas intersectoriales. En la presentación del acuerdo, la señora viceministra de Transportes, Viviana Martín, hizo énfasis en lo que denominó “el proyecto país” realizando una velada advertencia de que los empresarios no escogidos se comprometieran con él y no impugnaran.

Sustento jurídico. Por supuesto que nuestra decisión fue impugnar y apelamos la resolución por considerar que lo actuado no fue claro. Por ello, la resolución que emitió el Tribunal Administrativo de Transporte de suspender el apresurado inicio de las rutas, nos llena de regocijo y pone de manifiesto que todos los aspectos de nuestras impugnaciones tienen sustento jurídico.

Al igual que las autoridades del MOPT, queremos dejar patente que recurriremos a las instancias legales en defensa de la legalidad y nuestro derecho a participar libremente y en igualdad de condiciones. Creemos en el proyecto de rutas intersectoriales y el participar con la oferta fue la clara demostración de ello, pero no nos parece que ahora se tilde a un grupo de empresarios honestos como los que obstaculizan esta idea; son las autoridades del MOPT quienes les deben muchas explicaciones a las instancias competentes y, por supuesto, a la población en general.