El plazo se agota

 De nuevo la agenda de implementación del TLC avanza contra el tiempo

 La Asamblea y la Sala IV deben combinar seriedad y rapidez al decidir

No tanto por la naturaleza misma de la decisión, que debería ser normal en cualquier parlamento, sino por el engorroso y crucial proceso del que forma parte, el pasado martes puede calificarse como un día histórico en la Asamblea Legislativa. Gracias a los votos de los 38 diputados que han constituido la alianza a favor del TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, se acordó darle vía rápida, mediante el artículo 41 bis de suReglamento , al último de los proyectos que componen la agenda de implementación del Tratado.

Al abrirse el camino para una consideración más expedita, aunque siempre amplia, al plan sobre “reformas y adición de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual”, se rompió el último gran escollo de procedimiento para avanzar en el cumplimiento de los compromisos necesarios para que entre a regir el TLC.

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Es algo que debe producir satisfacción, no solo por la enorme importancia de este instrumento para nuestro desarrollo, vía la consolidación de la apertura del mercado de Estados Unidos a nuestros productos y servicios; también, porque pudo demostrarse cómo la negociación política, a pesar de las enormes dificultades que a veces la caracterizan, es un instrumento legítimo y necesario para la toma de decisiones. De este modo, también ha salido fortalecida nuestra democracia representativa.

Pero junto a la complacencia debe existir preocupación. La razón es simple y seria: para que el TLC pueda entrar en vigencia, todos los proyectos de implementación deben haberse convertido en ley de la República, a más tardar, el 1° de octubre de este año; es decir, dentro de tres meses y medio.

Parece un tiempo razonable, pero en nuestro alambicado proceso de decisiones no lo es. Porque, además de la necesaria aprobación legislativa, aun en proceso para algunos proyectos, la insistencia opositora en que todos sean consultados a la Sala Constitucional antes de darles segundo (y último) debate, introduce elementos adicionales de lentitud. Peor aún, los magistrados del alto tribunal tampoco se han desenvuelto con la celeridad que deberían tener.

De esto es claro ejemplo un caso en que se combinan un aparente error o mala interpretación de la Secretaría del Directorio legislativo, con una extrema lentitud de la Sala para advertirlo y comunicarlo, y que ha retrasado la apertura en los seguros. Desde el 7 del pasado mes, se había enviado a los magistrados la documentación que se creía necesaria para que evaluaran la constitucionalidad de ese proyecto. No se incluyó un acta porque, según el presidente de la Asamblea, Francisco Antonio Pacheco, no hacía alusión al tema de seguros y la “práctica usual”, aparentemente aceptada antes por la Sala, había sido no incluir las actas sin relevancia directa para el tema en consideración. El magistrado instructor, sin embargo, interpretó que tal acta sí era necesaria tenerla a mano. Sin embargo, en lugar de advertirlo cuando se recibió y –suponemos– se revisó toda la documentación remitida, lo hizo pocos días antes de que se venciera el plazo de un mes con que cuenta la Sala para emitir su criterio. De esta manera, tal plazo comenzará a correr de nuevo, desde cero, cuando se reciba el acta en cuestión.

No cuestionamos la legitimidad de que el alto tribunal solicite toda la documentación que considere necesaria; tampoco, su derecho de decidir conforme a su interpretación constitucional. Lo que sí cuestionamos seriamente es que, en temas tan cruciales, no se manifieste un sentido del tiempo acorde con las necesidades nacionales, que imponen decidir, en el sentido que sea, sin demorar.

El mes para pronunciarse es un plazo máximo para la Sala. Es decir, puede acelerarlo, cosa que raramente ha hecho. Lo que esperamos es que, en este caso particular, en que se supone que ya han sido analizados los documentos sustantivos, tras el envío del accesorio pueda decidir en pocos días.

Más allá de este ilustrador y preocupante ejemplo, sin embargo, el tema de fondo es que, tras haber obtenido una inusual prórroga de seis meses de nuestros socios en el TLC, ya es totalmente imposible ampliar de nuevo el plazo para la agenda. Por esto, y porque la Asamblea necesita atender otros múltiples e importantes proyectos, se impone la celeridad y responsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso.