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Gerardo Fumero Paniagua |
De fraudes y regalías
Ingeniero
El Lic. Elías Soley G., (La Nación , Foro , 4/06/08 ) insiste: “En nuestro país se ha desarrollado un sector informal de telecomunicaciones… la evolución tecnológica produjo, irremediablemente, el surgimiento de un mercado informal que en este momento requiere regulación…”.
Evidentemente se ha desarrollado un mercado “informal”, paralelo, fraudulento, ilegal, alentado precisamente por la falta de figuras penales que tipifiquen esos delitos en nuestra legislación, como sí está tipificado el hurto de valores infinitamente menores. Hoy no se puede sentenciar a la cárcel a los responsables –como es merecido y justo–, ante tales vacíos en la ley. De ahí la importancia de aprobar el proyecto de ley contra el fraude. (Expediente Legislativo No. 15.792).
Roces inconstitucionales. Asegura el señor Soley que existe cantidad de empresas que brindan servicios, tal es el caso de los “troncalizados”. Debiera tener claro –como profesional en Derecho–, que tales concesiones (si las tienen) son totalmente inconstitucionales, pues han sido otorgadas por el Poder Ejecutivo, vía decreto, contraviniendo el artículo constitucional 121, 14, c), tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional en su voto No. 5386-93 del 27/10/93. Los mismos roces constitucionales que dieron al traste con la operación de Millicom en este país –concesión otorgada por el Dr. Óscar Arias Sánchez–, sirven para todas estas empresas que hoy prestan servicios de telecomunicaciones. A pesar de que he presentado denuncias en ese sentido, ante la Contraloría y la Procuraduría, han sido archivadas.
Como usted asegura, hoy “existen muchas maneras, no necesariamente ilegales, de ofrecer servicios que caen dentro del concepto de servicios de la industria de telecomunicaciones y que han coexistido con la actividad del monopolio”. “En el mercado hay algunas empresas que ofrecen llamadas internacionales utilizando tecnología de VIP, servicios de contenido, localizadores, entre muchos otros…”. Los servicios de valor agregado o que no utilizan espectro radioeléctrico debieran estar regulados, cosa que no sucede hoy por falta de legislación. Lo que no es aceptable por ningún criterio es que se brinden servicios de cualquier tipo, que requieran espectro radioeléctrico, pues en tales casos –insisto– se requiere concesión legislativa, que solo poseen el ICE y Racsa.
También es cierto que en la actualidad “el operador también desempeña labores de rector del sector y ejecuta labores propias del regulador”. Ese ha sido nuestro modelo, establecido por ley. Si se define otro, habrá que respetarlo, pero el actual no es ilegal solo por ser diferente.
Sana competencia. Menciona usted que debemos “prepararnos para enfrentar el importante reto de garantizar una sana competencia que genere las condiciones de servicios de telecomunicaciones que requiere la sociedad costarricenses especialmente aquellos que requerimos los sectores productivos”. Yo también espero que por fin se dé un caso en América Latina de “sana competencia”. Mi mayor preocupación son las concesiones y gollerías otorgadas a las transnacionales, como la entrega de la infraestructura del ICE –del país–, a través de los servicios de interconexión al costo.
En contraste, se prohíbe en esa misma Ley, artículo 54, los “subsidios”, lo cual conllevará que “la sociedad costarricense” –miles de personas de menores recursos– se vea obligada a devolver su servicio pospago y conformarse –con suerte– con un celular regalado y una tarjeta de prepago para poder realizar, al menos, llamadas de emergencia.
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