Japdeva, institución secuestrada

 El desastre de Japdeva, por el chantaje sindical, ha llegado a límites intolerables contra Limón y la economía nacional

 Resulta inexplicable el silencio de políticos, dirigentes y analistas sobre una situación contraria, por años, al interés público

Si el trastorno y el perjuicio pueden ser objetivo de un grupo sindical, no hay duda de que los dirigentes enquistados en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) han logrado plenamente su designio. Sus colaboradores o, mejor, sus cómplices han sido las juntas directivas de esa institución que, en su hora, negociaron ciertas cláusulas de la convención colectiva y los ministros de Trabajo que, a la sazón, las homologaron. La historia es larga.

Estas convenciones han causado daños irreparables a la economía del país, a la provincia de Limón y a la propia institución, en lo económico, y han quebrantado las normas legales no como un acto esporádico o interesado, sino como una estrategia. Si el propósito ha sido obtener pingües beneficios sin trabajar o trabajando a medias, como ha estado ocurriendo en estos años, la estrategia ha sido eficaz, gracias al dominio ejercicio sobre los muelles y la institución. La palabra ‘dominio’ no es antojadiza. Refleja fielmente la posición de quienes gozan de un fuero especial, en el que la impunidad y el perjuicio al país hacen causa común, por cuanto han suplantado al Estado.

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Informamos, el miércoles pasado, sobre las resoluciones pertinentes de la Contraloría General de la República y de la Sala Constitucional acerca de la pretensión escandalosa de seguir recibiendo pagos constantes y elevados por horas “extras” trabajadas en tiempo ordinario. Este abuso intolerable se ha extendido por varios años, gracias a la pasividad y el miedo de sucesivas juntas directivas y presidencias ejecutivas, y al temor de los Gobiernos de turno. Nuestra información de ayer abunda en hechos punibles: boicot de varios departamentos, inoperancia de los mecánicos, inutilización de la grúa y los montacargas, inactividad calculada de los muelleros, paralización de la carga y descarga, entorpecimiento contra los buques portadores de combustibles y otras más. Así, las empresas bananeras están sufriendo grandes pérdidas, lo que, a su vez, paraliza la corta de bananos. En estas condiciones los barcos se enrumban hacia puertos de Panamá, y las pérdidas para Japdeva alcanzan sumas cuantiosas.

Debe tenerse en cuenta que este chantaje no se ejerce por el logro de algún beneficio legal, sino por la exigencia de un acto ilegal e injusto, de donde cabe concluir que los designios de los dirigentes sindicales son otros. En primer lugar, el mantenimiento de un clima social convulso y, en segundo lugar, el entorpecimiento del proceso de concesión portuaria, única vía que resta para salvar la actividad portuaria de Limón de su progresivo deterioro económico, legal y moral. El fin de estos dirigentes sindicales es convertir este proceso de concesión portuaria en concentración de violencia social.

Sorprende profundamente, más allá de estas conductas periódicas y de las ingentes pérdidas producidas, la indiferencia con que los sectores políticos del país y los analistas de la cosa pública han observado, a lo largo del tiempo, estos hechos, como algo natural, folclórico o rutinario y, peor aún, como instrumentos propios o legítimos del sindicalismo. Esto quiere decir que hay un grupo de personas que, por estar al abrigo de un sindicato, pueden hacer lo que les viene en gana. Este silencio y mutismo temerosos, y esta confusión de conceptos y de conductas aderezan el camino de la violencia y dejan honda huella de incultura cívica en la población.

La concesión portuaria de los puertos de Limón y Moín se torna, por todo ello, imperiosa. Se trata, en fin, de recobrar la soberanía y el imperio del derecho sobre los muelles y sobre la institución, un campo eminentemente estratégico porque por él transita el 80% del comercio nacional.