Costa Rica, Miércoles 4 de junio de 2008
/EL PAÍS
Costa Rica, Miércoles 4 de junio de 2008
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Empresaria había querellado a obispo, sacerdote y excontador de Servicios Pastorales
Tribunal desestima querella contra monseñor Ulloa
Hotelera alegaba supuesto delito de administración fraudulenta
Fiscalía investigó durante un mes y luego pidió desestimar el caso
El Tribunal Penal de San José desestimó una querella presentada en contra el presidente de la Conferencia Nacional Episcopal de Costa Rica, monseñor José Francisco Ulloa Rojas.
El caso lo interpuso la empresaria suiza residente en Costa Rica, Anna Moscarelli, el 9 de abril.
Ella, quien se dedica a la hotelería, alegó que el obispo Ulloa; el sacerdote Guillermo Godínez Zúñiga; el excontador de Servicios Pastorales, Minor Rojas Solano, y la abogada Vivian Paredes Bravo, habían incurrido en el delito de administración fraudulenta.
El caso se relaciona con un préstamo de $3 millones que la empresaria pactó con el administrador de Servicios Pastorales (fondo de la Conferencia Episcopal), Jorge Torres Fuentes y con la ejecución de un fideicomiso que garantizaba ese crédito.
Dentro del fideicomiso, Moscarelli había colocado como garantía las acciones de tres hoteles del Grupo Papagayo (dos en Papagayo, en Guanacaste, y uno en Tortuguero, Limón), valorados por la empresaria en $30 millones.
Tras investigar durante cerca de un mes, la Unidad Especializada en Fraudes del Ministerio Público solicitó al juzgado penal desestimar el caso.
La empresaria hotelera apeló entonces la desestimación impulsada por el Ministerio Público.
Finalmente, el 23 de mayo, mediante el voto 203-08, el Tribunal Penal de San José se pronunció sobre la apelación de Moscarelli y confirmó la desestimación solicitada por la Fiscalía de Fraudes.
Negocio usó dinero de Iglesia. La controversia se originó luego de que la empresaria obtuvo préstamos por hasta $3 millones provenientes de las cuentas de Servicios Pastorales y entregó como garantía las acciones de sus hoteles.
La deuda estaba en un fideicomiso a nombre de Sermu S. A., una firma creada por el administrador y el entonces contador de Servicios Pastorales.
El año pasado, Moscarelli negoció el monto de su acreencia con Ulloa y en enero de este año el sacerdote Godínez autorizó la ejecución de las garantías.
Los obispos alegan que desconocieron la existencia del préstamo a Moscarelli hasta junio del año pasado, cuando falleció el administrador de Servicios Pastorales Jorge Torres Fuentes.
FOTOS
Monseñor Ulloa asegura que el administrador de Servicios Pastorales, Jorge Torres, prestó $3 millones sin consentimiento de la Iglesia. Archivo
En investigación
Sugef. La Superintendencia General de Entidades Financieras presentó el 14 de mayo una denuncia contra la Conferencia Episcopal por el posible delito de intermediación financiera ilegal. En esa operación se captó dinero del público que luego se invirtió a través del Grupo Sama.
Indicios. La Sugef, como autoridad que regula a entidades financieras, determinó que hay indicios fundados sobre una operación de intermediación financiera ilegal en la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Fiscalía de Fraudes. El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, en la Unidad Especializada en Fraudes.
Alegan desconocimiento. Los obispos de la Iglesia Católica alegan que esas operaciones financieras se realizaron sin su consentimiento y aseguran que fueron víctimas de un fraude.
Pena de cárcel. La intermediación financiera ilegal es un delito que se castiga con penas de tres a seis años de cárcel.
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