Bloqueo contra el progreso

 Limón debe liberarse de quienes, por mantener privilegios, le impiden avanzar

 La concesión de los puertos es fundamental para la ciudad y la provincia

El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) ha sido, por décadas, uno de los principales enemigos del progreso de Limón. Agitando una bandera de reivindicaciones cada vez menos legítima, y con un apego cada vez más marcado a injustos y costosos privilegios, su actitud no va encaminada a beneficiar a la ciudad o la provincia; ni siquiera al resto de la población trabajadora. Al contrario, su único objetivo ha sido mantener o ampliar prebendas, que han colocado a Limón y Moín entre los puertos más caros e ineficientes del hemisferio y que han ahuyentado a muchas empresas de invertir en la zona, por la falta de confianza en su estabilidad.

Ahora que se abre para Limón una enorme oportunidad de desarrollo, mediante un plan integral para convertirla en una pujante “ciudad-puerto”, el Sintrajap se ha vuelto a replegar en su actitud egoísta y, por boca del secretario general, Ronaldo Blar, ha anunciado que se opondrá a uno de los elementos claves de ese proyecto: la concesión de los puertos a operadores privados. Su alternativa es más de lo mismo; es decir, poca eficiencia, muchos costos y persistente bloqueo al cambio. Mientras tanto, otros puertos en el Atlántico centroamericano ya han dado importantes saltos para mejorar, lo cual impone un grave riesgo de pérdida de negocios a Moín y Limón.

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Si el proceso para trasladar un puerto de la operación estatal a la privada fuera desconocido en el país, existiría, al menos, una mínima base para entender la cerrada actitud de los dirigentes sindicales. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, porque Caldera, en el Pacífico, presenta una ejemplar e integral historia de éxito desde que fue concesionado.

Lo principal, que es su servicio al comercio exterior, ha mejorado sustancialmente, con mayor capacidad, mejores tiempos de entrega, tarifas justas, inversiones sostenidas en infraestructura, buenas condiciones laborales y gran seguridad para los exportadores e importadores. A esto se añaden fundamentales aportes al desarrollo de Puntarenas,y un justo esquema de indemnizaciones para los trabajadores que fueron despedidos al cambiar el ente operador. Muchos de ellos fueron recontratados tras recibir fuertes sumas de dinero; otros, se pensionaron, y también hubo quienes emprendieron actividades propias.

El Sintrajap pareciera desconocer todo lo anterior, o, peor aún, precisamente porque lo conoce, no quiere el cambio. Porque esto implicaría, para los dirigentes, perder su gallina de los huevos de oro y un poder que trasciende lo sindical y que ningún ciudadano les ha dado. Para los afiliados que disfrutan de una convención colectiva plagada de prebendas, cualquier cambio es visto también como una amenaza.

A lo anterior se añade, tal como mencionó en una entrevista el ministro de Coordinación Interinstitucional, Marco Vargas, la intervención, con fines exclusivamente políticos e ideológicos, de algunos de los grupúsculos que, durante el proceso del referendo sobre el TLC, abrazaron con virulento extremismo la bandera del “no”. Todo indica que desean convertir el tema de la concesión de Moín y Limón en un foco de conflicto, a explotar en función de sus intereses, no los de la comunidad.

Frente a esta alianza en contra del progreso, no solamente el Gobierno debe mantener el rumbo trazado para la ciudad y la provincia; también sus habitantes deben organizarse para romper el cerco y lograr que, de una vez por todas, sean sus intereses y los del país, no los privilegios u obsesiones de las minorías, los que prevalezcan en las decisiones.