Costa Rica, Domingo 1 de junio de 2008
/EL PAÍS
Costa Rica, Domingo 1 de junio de 2008
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Instituto presentó multimillonaria demanda con base en ‘estimación’ errónea
‘Papelón’ del ICE al reclamar ¢24.000 millones a exreguladores
Solicitó a juzgado anular querella interpuesta contra tres exjerarcas
Entidad reclamaba por tarifas aprobadas para compra de electricidad privada
El ICE presentó una demanda de ¢24.000 millones contra tres exreguladores generales pero, de camino, dio marcha atrás cuando supo que el reclamo se fundamentaba sobre una “estimación” errónea.
En noviembre anterior, el Instituto pidió al juez anular la multimillonaria acusación.
La demanda fue interpuesta contra Leonel Fonseca, Herman Hess y Aracelly Pacheco bajo el cargo de aprobar tarifas excesivas para la compra de electricidad a 15 empresas privadas.
El 5 de octubre del año pasado, el ICE presentó el reclamo ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial, en San José.
En ese momento, el Instituto pidió ser incluido como ofendido en una investigación abierta por la Fiscalía contra los tres exfuncionarios por las tarifas de los cogeneradores eléctricos.
El ICE solicitó condenar a los exreguladores por el daño que provocaron con sus “actuaciones dolosas (intencionales)”.
“El daño patrimonial que ha sufrido nuestra institución es muy grande”, dicta la acusación presentada por Geovanni Bonilla, director jurídico del Instituto.
La entidad atribuyó a la Aresep la responsabilidad de incluir tarifas ilegales en los contratos que el ICE firmó con 15 cogeneradores, así como la responsabilidad de aprobar esos precios.
De acuerdo con la demanda, ahora desechada, se produjeron pagos excesivos que generaron enriquecimiento ilícito y daño económico para el ICE.
Para estimar el daño, el Instituto utilizó una estimación de la subgerencia de Electricidad.
Según ese cálculo, las tarifas eléctricas del ICE aprobadas por los reguladores fueron insuficientes para pagar la compra de energía a los cogeneradores.
Entre 1999 y el 2006, solo se reconoció un 90,5% del gasto real, indica el documento, lo que habría obligado a usar otros ingresos para pagar la cogeneración.
En reversa. Sin embargo, el 29 de noviembre, Bonilla Goldoni solicitó al juzgado retirar la demanda “ante el surgimiento de hechos nuevos derivados de informes técnicos”.
Un análisis del Centro Nacional de Planificación Eléctrica concluyó que los ¢24.000 millones eran en realidad solo una diferencia entre dos estimaciones de dinero.
“Los montos consignados como aprobados por el ente regulador corresponden a estimaciones y, como tales, están sustentadas en una serie de premisas”, dice el escrito.
“Se trata solamente de una diferencia entre dos montos que ilustran las compras de energía a los generadores bajo situaciones distintas que no necesariamente son coincidentes y que, además, se refieren al total de las compras de energía y no exclusivamente a aquellas originadas en los denominados contratos con tarifa fija (los calificados de excesivos”.
“Solamente es eso: una diferencia entre dos valores”, continúa el criterio.
A principios de año, el juzgado aceptó retirar la demanda.
El ICE agregó que, según la Aresep, las tarifas de los cogeneradores no son incompatibles con el principio de servicio al costo.
Los exreguladores Fonseca, Hess y Pacheco prefirieron no hacer comentarios.
FOTOS
La planta eléctrica Caño Grande, en Venecia de San Carlos, es una de las que vende electricidad al ICE con las tarifas que han generado polémica durante varios años. Marvin Rodríguez ajusta turbinas. Archivo
Les atribuye el delito de Prevaricato
Fiscalía acusa a exjefes de Aresep
El Ministerio Público presentó una acusación contra tres exreguladores generales por las tarifas aprobadas para la venta de electricidad privada al ICE.
La Fiscalía alegó que hubo prevaricato (dictado de resoluciones injustas) por parte de Leonel Fonseca, Herman Hess y Aracelly Pacheco, reguladores entre 1996 y el 2006, con respecto a las tarifas de los cogeneradores eléctricos.
Según Prensa de la Corte Suprema de Justicia, la demanda fue presentada el 9 de abril, pero aún no ha sido elevada a juicio.
A Fonseca y a Hess se les mantiene impedimento de salida del país hasta el 3 de agosto próximo.
Este caso se originó en el 2000, cuando la Contraloría General de la República concluyó que las tarifas pagadas a 15 generadores eléctricos privados eran ilegales, pues procuraban la rentabilidad de los empresarios en vez del mayor beneficio público (dichos contratos fueron firmados entre 1993 y 1995).
En ese momento, Fonseca era regulador. La Contraloría envió el caso a la Fiscalía y, además, ordenó al ICE iniciar juicios para anular las tarifas.
Sin embargo, el ICE desistió de entablar esos juicios al alegar que la Aresep era la única autorizada para decidir asuntos tarifarios.
En el 2002, Hess se abstuvo de tocar las tarifas y, luego, Pacheco resolvió mantener los precios hasta que los contratos caducaran (tienen plazos de 20 años).
En ese momento, se alegaba que los privados aportaban el 12% de la energía, pero representaban el 30% de los costos del ICE.
En tanto, los generadores decían que sus costos eran similares a los de las plantas nuevas del ICE.
En el 2005, la Contraloría emitió una nueva posición según la cual dio por finalizada su participación en el proceso, al considerar que la Aresep había declarado las tarifas compatibles.
Por su parte, en el 2005 la Fiscalía inició su investigación y pidió las primeras medidas cautelares.
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