TAL CUAL Alejandro Urbina | aurbina@nacion.com

Propuesta fuera de la Caja

Director

Para nadie es un secreto que la situación económica empeorará en los meses venideros y aún más el año entrante. La inflación seguirá atizada por los precios de los combustibles y de los alimentos. Las tasas de interés continuarán al alza. El empleo mermará. Con suerte, el tipo de cambio oscilará entre las bandas.

Aunque todos tendremos que apretarnos la faja, los trabajadores con menores salarios sufrirán más pues dedican gran parte de sus ingresos, si no todos, a satisfacer sus necesidades básicas. Como sociedad solidaria , debemos discutir cómo amainar el impacto de la crisis en ese grupo menos acomodado.

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Propongo revisar nuestro sistema de seguridad social y las cuotas obreras y patronales que lo sustentan. Hoy, sin distinción de nivel salarial, cada trabajador contribuye con el 9% de su salario, y su patrono con un 21% adicional para las mal llamadas cuotas patronales (en última instancia las paga el empleado). Este 30% del costo total del salario que no recibe el trabajador constituye un fuerte golpe para los de ingresos menores. Para efectos prácticos, las cargas sociales constituyen un “ flat tax ”: un impuesto que no cuenta con el mínimo exento que normalmente acompaña esta clase de tributos. Vale la pena analizar la posibilidad de exonerar de cargas sociales un monto mínimo del ingreso de los trabajadores y trasladarles lo correspondiente como aumento salarial.

Tras un análisis basado en datos de la CCSS resulta que se podrían exonerar de cargas sociales los primeros ¢80.000 mensuales del salario de los trabajadores del sector privado (incluidos los servidores domésticos), y hacer cambios en las cuotas que (para mí) no se ven tan descabellados. Si el monto de las cargas sociales exoneradas se convirtiera en un aumento salarial, se beneficiaría de manera significativa a trabajadores de menores ingresos.

La CCSS reporta que el 53% de los trabajadores del sector privado gana menos de ¢200.000 mensuales. (Excluyo del análisis a los trabajadores del sector público y a los trabajadores independientes por las disímiles cuotas obreras y patronales que aportan a la CCSS y a las demás instituciones). Por lo tanto, el beneficio de un mínimo exento de cargas sociales de los primeros ¢80.000 favorecería a gran parte de los trabajadores, máxime a los de menores salarios.

Para que esta exoneración sea viable para la CCSS, las cuotas obreras y patronales de la porción del salario afectada por cargas sociales deben aumentar . Actualmente, los trabajadores y sus patronos contribuyen con el 14,75% de su salario al Seguro de Salud y con el 7,25% al de Pensiones. Para que ninguno de estos regímenes de la seguridad social se afecte con la exoneración, se requiere aumentar las cuotas en un 5% para Salud y en un 2,5% para Pensiones. El incremento se distribuiría proporcionalmente entre cuotas obreras y patronales.

A primera vista, este cambio sí suena descabellado. Sin embargo, como muestra el gráfico, el incremento en cuotas produce un moderado efecto tanto en el costo para las empresas como en el ingreso de los empleados de mayores salarios. (El siguiente párrafo puede aburrir a los lectores apurados).

Según el modelo de análisis (disponible en www.nacion.com/opinion ), el costo para las empresas de los trabajadores con salarios inferiores a ¢400.000 no varía con el cambio, pero el ingreso disponible de todos estos trabajadores aumenta de manera importante. Por ejemplo, un trabajador con un salario de ¢100.000 que hoy dispone de solo ¢91.000, vería aumentar su ingreso disponible en casi el 20% (¢17.800) con el cambio. Por el contrario, para los trabajadores con mejores salarios disminuiría el ingreso disponible y el costo para sus patronos aumentaría, aunque moderadamente. Un trabajador con un salario mensual de ¢1.000.000 vería su ingreso disponible reducirse en 1,5%, y el costo para su patrono se incrementaría en un 2,6%.

El esquema anterior compensa el efecto del mínimo exento sobre los recursos de la CCSS con un aumento de las cuotas. Sin embargo, la propuesta no hace lo mismo con las demás instituciones beneficiadas por las cargas sociales: Asignaciones Familiares (5% de salario), IMAS (0,5%), Banco Popular (1%) e INA (1,5%). Tanto Asignaciones Familiares como el IMAS tienen como objetivo ayudar a las familias más necesitadas . Pocos esquemas cumplen más este noble objetivo que un aumento en el ingreso disponible de los trabajadores más necesitados, sobre todo si, como en este caso, se lleva a cabo con un costo nulo de administración. El Banco Popular ya cuenta con suficiente patrimonio para no depender del ahorro obligatorio, y el INA ha demostrado en los últimos años que no tiene la capacidad administrativa para utilizar todos los recursos recibidos. Con el esquema propuesto, el ingreso proveniente del sector privado disminuiría en 25% para estas instituciones. Algunos lectores, sobre todo los jerarcas de estas instituciones, probablemente también consideren este último punto descabellado.

Si se estableciera un mínimo exento (ajustable con la inflación), la CCSS debería redoblar sus esfuerzos para detectar y evitar la subdeclaración de ingresos (los datos presentan una sospechosa distribución salarial ). Además, es indispensable excluir del beneficio de la exención a los salarios parciales (medios, cuartos y octavos de tiempo).

Independientemente de cuán descabellada suene esta propuesta, que transfiere, ¢95.000 millones al año (¢7.900 millones mensuales) a aquellos con menores salarios, la realidad nos impondrá revisar pronto el impacto del deterioro económico en los ciudadanos más necesitados. En la última década hemos visto cómo aumenta la brecha social , principalmente como consecuencia de las diferencias en los niveles educativos de la población. Para mejorar de manera permanente la distribución del ingreso, es indispensable mejorar el acceso y la calidad de la educación. Si empezamos ya, como lo ha hecho el ministro de Educación, veremos resultados en varios años. Sin embargo, el problema de corto plazo, que ya tenemos encima, impone una revisión de los esquemas a que estamos acostumbrados. La crítica situación actual exige pensar “ fuera de la Caja ” (en inglés,out of the box ), como acertadamente caracterizó esta propuesta don Eduardo Doryan, presidente ejecutivo de la CCSS.