Página Quince Miguel Sobrado | misobrado@yahoo.com

Estado para “lelos”

 La Contraloría y el Parlamento deben actuar acordes con el artículo 11 de la Constitución

Sociólogo

Sobre Estado costarricense existen cuatro supuestos difundidos en la práctica que condicionan el quehacer público, promueven su desmembramiento e impiden la reforma institucional necesaria. Estos cuatro supuestos son los siguientes:

1. El Estado es ineficiente por naturaleza y debe ser reducido al mínimo

2. Todo empleado público es un ratero mientras no se demuestre lo contrario

3. Los bienes públicos no son de nadie y, por ende, hay que aprovecharse de ellos

4. Los problemas del mal funcionamiento se resuelven con controles sobre las personas y aumentando las penas

Estos supuestos se generaron en gran medida por la forma fragmentada (feudos de poder), carente de controles y corrupta en que operaba el llamado Estado de Bienestar en los ochenta y que lo había llevado a la quiebra.

Estado atomizado. El problema es que la reacción contraria, propiciada por el neoliberalismo, en vez de hacer los ajustes correspondientes y reafirmar el control ciudadano sobre los jerarcas exigiendo la rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión pública, ha atomizado el Estado creando nuevas instituciones e instancias en gran parte fuera de control de la Contraloría.

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Al mismo tiempo se han creado bajo las banderas de la moralidad y transparencia mecanismos de control sobre los procedimientos que afectan, en el mejor de los casos, a los rateros, pero no sobre quienes tienen la responsabilidad, en razón de su cargo, sobre la buena marcha de la hacienda pública.

La lógica de estos supuestos ha llevado, por una parte en sus casos más destacados, a situaciones como la quiebra del Banco Anglo y la difícil situación en que se encontró el Banco Nacional a mediados de la década de los noventa, pero también, como se mencionó anteriormente, al endurecimiento de los controles de procedimiento que han vuelto cada vez más ineficientes la gestión pública, lo que ha servido de pretexto para crear cada vez más fundaciones e instituciones semipúblicas y carentes de controles efectivos, para realizar las tareas que antes desempeñaban las instituciones regulares.

El endurecimiento de las penas como solución a los problemas crecientes de un Estado ineficiente tampoco ha dado los resultados y ha debilitado, dada la impunidad prevaleciente, el Régimen de Derecho. Basta citar el caso de la famosa multa de ¢100.000 a quien tire una basura en la calle, aprobada a principios de los noventa, cuando equivalía a cerca de $500 y que nunca se ha aplicado.

Mientras tanto, como el Estado es de todos y de nadie, qué importa que pierda todos los juicios y que se acumulen las multas y demandas de las empresas concesionarias de obra pública, por no realizar a tiempo las expropiaciones de tierras. Tampoco importa que tengamos el aeropuerto más atrasado de Centroamérica o que carreteras como la Costanera y la que va a Caldera, a pesar de su importancia para el país, lleven 30 años inconclusas.

Artículo 11. Esto no debería suceder si la Contraloría y la Asamblea Legislativa actuaran acordes con el artículo 11 de nuestra Constitución, que taxativamente exige evaluación de resultados “con la consecuente responsabilidad personal de los funcionarios…”.

Si esta responsabilidad personal se exigiera a los ministros, no firmarían contratos de concesión de obra pública sin calcular bien el trámite de las expropiaciones o apurarían a los diputados a reformar las leyes piratas que impiden el desarrollo del país. Sin embargo, como no se les exige a los jerarcas esta responsabilidad, y el Estado “no es de nadie”, qué importa que se le peguen todas las pulgas. Además, dentro de estas condiciones, se crean coyunturas peligrosas en que se pueden obtener beneficios personales con los incumplimientos.

Es evidente que debemos ver al Estado como una gran empresa que actúa sobre procesos complejos en que la relación causa- efecto no siempre es inmediata, donde se deben controlar en primer lugar los resultados sobre los que deben responder los jerarcas. Controlar las personas y los procedimientos opera más en pulperías y pequeños negocios, pero entraba las instituciones públicas y sirve de parapeto a la corrupción.

Quienes pueden cambiar este orden de cosas que están llevando al país al colapso son los diputados. ¿Por qué no lo hacen? ¿No será porque tampoco rinden cuentas a nadie de su quehacer y mantienen un silencio cómplice tras un discurso moralista?