Descoordinación en programas sociales
IMAS subutiliza base de datos sobre pobreza en el país
Académica de la UCR cuestiona a entidades estatales que atienden sector
Universidad hizo 20.000 fichas de información sobre familias pobres
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) no aprovecha adecuadamente la información sobre pobreza en el país, que fue alimentada con nuevos datos aportados por un estudio que realizó la Universidad de Costa Rica (UCR).
El cuestionamiento lo hizo Mayela Cubillo, directora de la Escuela de Administración Pública de la UCR, quien criticó “la forma desarticulada en que el Gobierno desarrolla los programas, (lo que) impide que se utilicen correctamente los datos del SIPO (Sistema de Población Objetivo)”.
José Antonio Li, presidente ejecutivo del IMAS, admitió en parte el señalamiento de Cubillo, y agregó que no todos los que necesitan la ayuda de la institución llegan a sus oficinas a pedirla.
El Ministerio de Vivienda, con fondos de un fideicomiso por $1,5 millones –provenientes de una donación del Gobierno de Taiwán– encargó a la UCR confeccionar 20.000 fichas de información social (FIS). Por este trabajo le pagó $100.000 a la Universidad.
Desde el 2006, la UCR ha elaborado 94.000 FIS para alimentar la base de datos del SIPO.
“Más de ¢1.000 millones”. Mayela Cubillo cuestionó fuertemente por qué si el país invirtió más de ¢1.000 millones para confeccionar el SIPO, programas como Avancemos, las ayudas a estudiantes pobres, los programas productivos del IMAS, el transporte de estudiantes, los comedores escolares y una serie de proyectos que desarrolla el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), no usan la misma base de datos.
La economista también criticó que cada una de las instituciones del sector social tenga “una población objetivo diferente”.
Puntualizó que las entidades que desarrollan las políticas sociales de las mujeres, los discapacitados y la población indígena, entre otras, emplean metodologías y mediciones diferentes, lo que evidencia “que no hay claridad de una política social bien definida”.
En el caso del IMAS, Cubillo advirtió que esta institución carece de una evaluación del efecto de sus programas sociales, lo cual impide conocer los resultados de estos.
¿Subutilizada? José Antonio Li, en reacción a esas observaciones, manifestó: “Mientras el IMAS no cambie el sistema por demanda que tiene, en parte yo le doy la razón a la señora (Cubillo)”.
El funcionario dijo que los pobres deben llegar a hacer fila a las diferentes oficinas del IMAS para solicitar los beneficios. Pero, de seguido, admitió que probablemente los “verdaderos necesitados” nunca llegan a las ventanillas del IMAS “pues seguro no tienen ni para pagar el bus”.
Li aseguró que la institución es consciente de esta situación y que en este momento realiza un trabajo coordinado con la Iglesia Católica para ubicar a las familias más necesitadas.
Por otra parte, indicó que hace pocos días contrataron a una empresa para que haga una evaluación de los programas sociales.
La evaluación no solo es necesaria –indicó el presidente ejecutivo–, sino que la ley los obliga a hacerla. Empero, afirmó que los funcionarios del IMAS no están en capacidad para emprender tal tarea.
FOTOS
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Según la UCR, el IMAS y otras instituciones del sector social no usan correctamente la información sobre pobreza contenida en el SIPO. archivo
La pobreza en detalle
SIPO tiene ubicados a 500.000 pobres
El Sistema de Información Objetivo (SIPO), que se empezó a desarrollar en el país en 1998, está considerado hasta el momento la base de datos más confiable sobre la pobreza. Hasta ahora, el SIPO tiene identificadas a 94.000 familias con un promedio de cinco miembros por grupo familiar en todo el territorio nacional.
La Universidad de Costa Rica confeccionó las fichas de información social (FIS) con que se alimenta el SIPO. La información que aportan las FIS son las que determinan si un grupo familiar debe ser o no beneficiario de los programas de asistencia social del IMAS.
De acuerdo con datos de la UCR, el IMAS invirtió más de ¢1.000 millones para construir el SIPO, que consiste en un gran servidor conectado a una red de computadoras. Las FIS deben actualizarse cada tres años para así determinar si las familias han mejorado o empeorado su condición socioeconómica.
En el 2006, la UCR confeccionó las primeras 74.000 FIS. Estudiantes de la institución realizaron un trabajo de campo en todo el territorio nacional.
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