Sustraída computadora de juez

Desconocidos roban en Tribunal Ambiental

 Delincuentes abrieron hueco en lo alto de una pared para poder ingresar

 Expedientes fueron registrados y tirados en el suelo, dicen funcionarios

Sujetos desconocidos entraron antenoche a las oficinas del Tribunal Ambiental Administrativo para robar la computadora portátil de un juez y revolcar numerosos expedientes.

Para ingresar, los delincuentes abrieron un hueco en la pared sur del edificio, ubicado frente al templo votivo del Sagrado Corazón de Jesús, en barrio González Lahmann, San José.

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Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal informó de que la computadora sustraída pertenece a José Lino Chaves, presidente de este órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

“Dejaron revolcados documentos y expedientes, lo que hace presumir que quizá buscaban destruir información”, manifestó el Tribunal.

En la oficina del presidente Chaves, los sujetos abrieron todas las gavetas y dejaron los documentos tirados en el suelo.

Los desconocidos también registraron y desordenaron las oficinas del juez Mario Leiva y la asistente Adriana Bejarano.

“Estos son actos aparentemente intimidatorios y en oficinas muy localizadas”, comentó Leiva.

A fines de mayo, los tres jueces ambientales denunciaron haber recibido llamadas telefónicas intimidatorias y amenazas de muerte por el trabajo que desempeñan.

Pesquisa. Las oficinas del Tribunal fueron cerradas ayer a la espera de que llegase el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ayer, a las 4 p. m., el OIJ aún no se había hecho presente.

El Tribunal Ambiental no tiene guarda nocturno. El personal de seguridad más cercano está en el Minae, ubicado a unos 20 metros en la misma cuadra.

Desde 1996, dicha instancia se dedica a resolver denuncias ambientales. Sus fallos son de acatamiento obligatorio y no tiene apelación en la vía administrativa, aunque los interesados también pueden acudir a debatir los casos a los tribunales de justicia.

El año pasado, el Tribunal atendió 303 casos. De todos los expedientes, la mayoría correspondió a denuncias por tala de bosque, seguido de los daños provocados a fuentes de agua.