Trabas portuarias

 También el puerto de Caldera sufre las consecuencias de los grupos de presión y de la mala gestión pública

 Incop debe colaborar en las labores portuarias y revisar su plantilla de trabajadores después de la concesión

Nuestro país seguirá, al parecer, condenado al subdesarrollo portuario. La mentalidad, los grupos de presión, la incapacidad de gestión y la maraña legal hacen causa común para entorpecer cualquier esfuerzo de modernización o renovación. Las denuncias y los reportajes descriptivos de esta situación se suceden unos a otros, pero prosiguen los obstáculos. El caso de Caldera, al que nos referimos en nuestra información del martes pasado, ilustra este proceso.

La concesión del puerto de Caldera, a cargo de la Sociedad Portuaria de Caldera, arrojó resultados extraordinarios, tras décadas de pésima administración pública. Sin embargo, al incumplir el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico en tareas elementales como el dragado, el ritmo de eficiencia ha decrecido. Actualmente, Caldera funciona con solo dos de los tres puestos de atraque que operaban hace un año. El tercero acumuló un banco de arena de 80 metros de frente que obliga a los barcos a una espera de hasta cinco días en la bahía. También los otros dos puestos de atraque padecen iguales deficiencias en la zona de maniobra y en el canal de acceso por la disminución de la profundidad. El 80% de los granos que importa el país entra por Caldera. Cada barco cobra entre $40.000 y $75.000 por el atraso, que se le traslada al consumidor.

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La situación se aliviaría un poco si la empresa concesionaria, como lo ha pedido, reparase el muelle de Puntarenas, pero, aunque parezca irrisorio, Incop no le da el permiso correspondiente. Posiblemente, esta institución está más interesada en aumentar su burocracia, como ha ocurrido, pese a la concesión, que en estas soluciones urgentes.

Incop, por cierto, debió haber dragado el puerto de Caldera hace 10 años, pero no lo hizo, lo que tampoco debe sorprender a nadie. La Sociedad Portuaria de Caldera intentó hacerlo, al asumir las operaciones del puerto en agosto del 2006. En febrero del 2007 debió iniciar estas labores, mas entró en la danza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que otorgó los permisos correspondientes diez meses después, en diciembre de ese mismo año. Un parto histórico.

Se abrió, luego, una licitación para estas tareas. Participaron tres empresas, cuyos costos sobrepasaban, como es obvio, el presupuesto inicial del consorcio. Al parecer, la próxima semana comenzará el milagro del dragado. Este cuento no tendría, sin embargo, un final feliz –o infeliz– si quedase pendiente el capítulo surrealista de la construcción del muelle granelero. Esta obra debió iniciarse hace unos 18 meses, en febrero del 2007, pero se atrasó, por dos años, por cuanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) interpuso un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta, aduciendo posibles daños ambientales en la zona. Al parecer, bien valía una suposición ideológica para encubrir la oposición real a un proyecto imprescindible para el país, nada menos que en el campo de los granos básicos.

La Sala Constitucional tardó dos años en resolver. La ANEP perdió en los estrados jurisdiccionales, pero, sin duda alguna, ganó en toda línea en la realidad: el atraso o detención de la obra le irrogará al consorcio un sobreprecio de $31 millones, lo que le provocará un desequilibrio financiero que el MOPT debe resolver pronto. En cuanto a los daños ambientales, no cabe hablar. Hasta un infante sabía que no habría ninguno y que su preservación no era tampoco la intención de ANEP.

Lástima que la Sala Cuarta no tuvo, en esta oportunidad, la premura demostrada en la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Tránsito o en la impugnación del timbre del Colegio de Abogados.