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María Elena Gómez Cortés |
María Elena Gómez Cortés, coordinadora de Comisión de Monitoreo, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Poder Judicial.
A raíz de la nota “ Aumentan asesinatos de mujeres, pese a nueva Ley ” ( La Nación , pág. 8/A, 13/julio/08), en la que se señala que “la presidenta del Inamu, Jeannette Carrillo, denunció un ‘complot’ por parte del Poder Judicial”, en referencia a la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, es imprescindible aclarar lo siguiente:
Antes de la aprobación de esta ley, el Poder Judicial, desde su más alta jerarquía, ha realizado acciones concretas para la implementación de dicha normativa, entre las que se destacan la aprobación de un presupuesto por casi ¢3.000 millones destinados a la creación de 155 plazas nuevas, capacitación de personal, compra de equipo, mobiliario y materiales.
También debemos resaltar la creación de la Comisión de Monitoreo de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, coordinada por la suscrita e integrada por la Secretaría Técnica de Género, la Fiscalía Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica y la jefa del Departamento de Planificación. Gracias a dicha coordinación hemos logrado la evaluación estadística constante de casos ingresados y de su respectiva tramitación.
No podemos dejar de lado la programación de diversos cursos de sensibilización y capacitación en la implementación e interpretación de esta ley, así como la creación de la Fiscalía Adjunta de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales.
Voluntad política. Tales acciones evidencian, de manera inequívoca, una voluntad política, dirigida hacia la implementación adecuada de la ley y protección de las víctimas. En razón de ello, creemos que no se ajusta a la realidad la afirmación de que en el Poder Judicial exista un “complot” para no aplicar dicha ley como corresponde. No obstante, sería de vital importancia que la señora Carrillo indique en qué fundamenta tales aseveraciones, para que, en caso de que exista alguna situación de tal magnitud, se proceda a tomar las medidas institucionales pertinentes.
Aunque las estadísticas dadas a conocer por el Poder Judicial revelan una alta incidencia de desestimaciones, se desconocen las razones que las originan. Por ello,el Departamento de Planificación realiza un estudio que determinará las causas para reorientar las acciones que sean necesarias.
Indistintamente de este informe, el fenómeno de violencia de género, por su complejidad, debe ser abordado interdisciplinaria e interinstitucionalmente. Nunca bastarán las acciones emprendidas por una sola área del Estado. No es suficiente lo que haga el Poder Judicial sin el concurso de otras instancias estatales. Dentro de este abordaje interinstitucional es esencial el acompañamiento (emocional, económico y legal) a la víctima para que esta se empodere y permanezca en el proceso, evitando la deserción.
El Poder Judicial, conforme a sus funciones, desarrolla programas tendentes a la no revictimización.
Sin embargo, respecto a los servicios de acompañamiento a víctimas de violencia, estos deben ser proveídos por las instituciones a las que legalmente les corresponde, a fin de lograr un abordaje integral del Estado en dicha problemática.
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