Washington (AP). Colombia denunció el jueves ante la comunidad interamericana el directo apoyo del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega a las FARC y rechazó el tratamiento de hermanos que el gobernante ha dado a los miembros de esa guerrilla.
Resulta ofensivo para la nación colombiana que se otorgue ese tratamiento a un grupo terrorista que comete crímenes de lesa humanidad, incluidos el secuestro, reclutamiento de menores, y utilización de minas antipersonas y armas no convencionales de efecto indiscriminado, dijo el embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina.
Indicó que con las acciones de Ortega -quien ha concedido asilo a guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se ha presentado con ellas y las ha elogiado en público tratándolas como princesas-, Bogotá tendría base para pedir sanciones internacionales contra Nicaragua por apoyar el terrorismo, pero indicó que su gobierno no lo haría por consideración al pueblo nicaragüense.
Suficiente castigo es su gobierno, dijo.
Esta ha sido la segunda vez que Colombia formula ese tipo de denuncia ante la OEA en menos de un mes. El 24 de junio, Ospina habló de las actividades ilegales de Ortega acusándolo de proteger, promover y hacer apología de grupos terroristas y sus miembros.
Nicaragua, como en esa ocasión, no respondió a las denuncias colombianas. En junio, el embajador Denis Ronaldo Moncada había informado al Consejo Permanente de embajadores, el foro en sesión entonces y ahora, que requería de tiempo para preparar su respuesta.
Moncada intervino, sin embargo, en esta ocasión pero sólo para referirse al viejo diferendo marítimo caribeño entre Nicaragua y Colombia, denunciando el constante desprecio y violación del derecho internacional de parte del gobierno colombiano al mantener fragatas de guerra en la zona en disputa.
El diplomático nicaragüense se refirió también al ataque de militares colombianos contra un puesto de las FARC en territorio ecuatoriano a comienzos de marzo, calificándolo como un acto de terrorismo de estado, frase que empleó seis veces más durante su intervención luego de la denuncia de Ospina.
Con relación al diferendo limítrofe con Nicaragua, el canciller colombiano Jaime Bermúdez citó en Bogotá la posición oficial expresada por el presidente Alvaro Uribe en una cumbre regional el 7 de marzo en República Dominicana: las fragatas colombianas en la zona no tienen nada que ver con una actitud hostil, sino que luchan contra el narcotráfico.
El embajador de Estados Unidos, Héctor Morales, hizo notar la falta de respuesta de Nicaragua, calificó como lamentables las acciones de Ortega y reafirmó su apoyo a Colombia en su lucha contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia internacional.
Ospina dijo que Ortega prefería hablar de los asuntos colombianos como pretexto para distraer la atención de su realidad interna, sin importar las consecuencias para un pueblo inocente que sólo reclama sus derechos.
Recordó que Nicaragua adoptó en el 2002 la Convención Interamericana contra el Terrorismo junto con las demás naciones del hemisferio, pero con sus acciones estaba ignorando uno de sus mandatos, que el terrorismo constituye un grave fenómeno delictivo que preocupa profundamente a todos los estados miembros, atenta contra la democracia e impide el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Apoyar a las FARC es atentar contra la democracia, contra los derechos humanos y contra la seguridad de todo el continente, dijo Ospina.
Aun cuando había dicho que no iba a plantear denuncia internacional alguna contra Nicaragua por su presunto apoyo al terrorismo, planteó la posibilidad de una acción conjunta de la OEA al terminar su intervención, preguntándose si estaba o no vigente la Carta Democrática Interamericana que hace de la democracia un derecho de los pueblos.
Bermúdez, al hablar con reporteros en la sede de la cancillería, dijo también que en Colombia nos encantaría que Nicaragua asista a una cumbre regional contra las drogas, prevista para el 31 de julio y el 1 de agosto en el balneario caribeño de Cartagena. A esa cita están invitados los presidentes de 23 países de la región y ya han confirmado su asistencia al menos cuatro: México, Panamá, Guatemala y El Salvador, dijo el ministro.
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