Fernando Berrocal Soto

Dinero sucio e ilegal

 No tiene ahora más excusas el Fiscal General y se debe proceder a judicializar el caso

ExMinistro de Seguridad

Los últimos correos de las FARC, revelados en Bogotá y publicados íntegramente porLa Nación , aclaran de una vez por todas el origen de los $480.000 incautados en una vivienda en Santa Bárbara de Heredia, hace tres meses. Establecen su origen, un caso de secuestro vinculado a las FARC y el narcotráfico, y definen el tiempo en que fueron traídos a Costa Rica: diciembre del año 2001. La prueba es contundente.

Judicializar el caso. No tiene ahora más excusas el Fiscal General y se debe proceder a judicializar el caso. Se trata de dinero sucio e ilegal, producto de una actividad criminal como es el narcotráfico y de un delito deleznable como es el secuestro de personas y la extorsión.

Aunque el caso nunca estuvo prescrito porque estamos ante un delito continuado y su prescripción corre a partir del día en que ese dinero fue incautado, ahora está claro que esos fondos no fueron traídos a nuestro país en 1997 ó 98, sino en diciembre del año 2001. Son los jueces de la República los que deben decidir en un juicio justo y no los fiscales del Ministerio Público.

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Todo esto se sabía desde marzo, como también se sabía, desde entonces, el contenido de los correos, las 36 citas sobre las vinculaciones de las FARC en Costa Rica y la actitud complaciente y receptiva de las autoridades nacionales en los ocho años precedentes, a pesar de que la Casa Presidencial atrasó por más de un mes el conocimiento de los hechos por parte de la Asamblea Legislativa.

Espero que, ahora y por fin, nadie tenga dudas sobre la penetración de las FARC y el narcotráfico en Costa Rica, ni tampoco sobre que esa estrategia criminal se llevó a cabo tanto en el ámbito delincuencial del vil negocio de las drogas, como por medio de la Comisión Internacional y los contactos de Raúl Reyes y Rodrigo Granda en nuestro país. Los correos legitimados por Interpol y por la realidad misma de los hechos, han hablado y han dicho todas las verdades. La verdad verdadera y no la que se le trató de ocultar a los costarricenses.

Serias dudas. En lo único que tengo serias dudas, en relación con el excelente editorial de La Nación del 10 de julio – “¿Pacifistas o cómplices?”– es que de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa vaya a salir algo positivo. Ahí todos tienen su guion escrito, aunque por distintas razones políticas o hasta para excusar la desfachatez de ser juez y parte a un citado, como le sucede a un diputado. De ahí no saldrá nada. Como dijo el diputado Mario Quirós, que es el único que se ha tomado las cosas en serio: “Ahí solo se le dará un entierro de primera” y paz y gloria a la verdad sobre las actividades del narcotráfico y las FARC en nuestro país, y las visas chinas y colombianas.

Al gobierno del presidente Oscar Arias le queda pendiente, sin embargo, una deuda con las víctimas del narcotráfico: poner en marcha, de verdad y no solo en el papel, un Plan Integral que, más allá del trabajo policial y de las reformas legales presentadas a la Asamblea Legislativa en febrero, impulse efectivas y necesarias campañas de prevención en escuelas y colegios y, sobre todo, el tratamiento, rehabilitación e inserción en la sociedad de las miles de víctimas de la droga y el narcotráfico en nuestro país, con participación de la CCSS , el IAFA, el ICD y las organizaciones privadas.

Una promesa a la que nos comprometimos en el Programa de Gobierno que se les ofreció a los costarricenses en las elecciones del 2006.