Jorge Guardia | jguardia@capitales.com

En Guardia

abogado-economista

Don Roberto J. Gallardo , ministro de Planificación, tuvo la osadía de defender el uso solapado de millones de dólares donados al Estado, bajo el pretexto –inaceptable- de ser recursos privados ajenos a todo escrutinio. Incurrió en graves errores de derecho y moral. Y ofendió la dignidad de los funcionarios públicos. Tarjeta roja.

Sugirió (indirectamente) que los servidores públicos no son competentes para realizar tareas delicadas ni están a su altura. En su visión, no dan la talla. Por eso son mal pagados. Y prefiere contratar, bajo la mesa, otros “personajes” más doctos, sabidos y sabihondos y mejor pagados -mucho mejor- sin la incómoda fiscalización de la Contraloría. Yo no había visto mayor ofensa ni peor menosprecio al servidor público costarricense.

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Don Roberto clama por seguir repartiendo consultorías bajo el predicado de que el derecho privado da mayor celeridad. Aunque fuera cierto, su pretensión debe ceder ante un principio del Derecho Público esencial: no dejar a la libre disposición del gobernante de turno los recursos públicos sin la debida inclusión presupuestaria ni la respectiva fiscalización. Él, evidentemente, lo ignora. Sólo le faltó proponer eliminar el trámite de licitaciones para abandonar las contrataciones del Estado al mero derecho mercantil. Imagínense el festín que armarían los zumbados de este mundo.

Sostener que las donaciones del BCIE y Taiwan (a quien primero le sacaron el dinero y después le patearon en el trasero) son privadas y los ministros pueden hacer de ellas lo que les venga en gana -desde contratar a funcionarios ya en planilla (para favorecerlos con sobresueldos), mensajeros, secretarias y cantantes (para amenizar las noches de don Oscar), hasta engrosar las ganancias de entidades vinculadas a algún ministro-, es ilegal e inmoral. Eso permitió desviar fondos donados para viviendas a consultorías de allegados políticos. Gallardo los defiende. Yo no. Me dan nauseas.

Prefiero ceñirme al criterio de la Procuraduría General de la República del 2005: “Se requiere que los fondos donados sean incorporados al presupuesto de la entidad correspondiente, a efecto de administrarlos con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales establecidas para la administración de fondos públicos. A partir de que los fondos donados ingresen al patrimonio del organismo público no pueden ser administrados por terceros, salvo una autorización expresa del ordenamiento”. Yo agrego que es lo más sano. Si trataron de que el BCIE los administrara directamente para evadirlo, sería una burda triquiñuela formal para violar el fondo de la ley. Y también merece tarjeta roja.