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Julio Rodríguez | envela@nacion.com |
Había una vez un país pobre y chiquitico, en el que había un Gobierno que se atrevió, en el siglo XIX, a construir, a punta de carreta, un ferrocarril que uniera el océano Pacifico con la capital. ¿Una quijotada? ¿Un proyecto homérico? Otros penetraron la selva y construyeron el ferrocarril al Atlántico. Un tren de mar a mar. Algo verdaderamente único en el mundo, horizonte promisorio para nuevas gestas oceánicas que, luego, por miopía o por temor, no culminaron.
En los estertores del siglo XX, un Gobierno le puso la llave al tren, dizque por sus pérdidas diarias, y, en su lugar, irrumpieron los furgones, amos y señores desde entonces de las carreteras y, algunas veces, de la vida misma de transeúntes y conductores, tan seguros de su fuerza bruta y de su generosa impunidad que, como se informó la semana antepasada, el 70% de ellos no aprueban la revisión técnica. Otro caso único en la historia de la civilización.
Y como, al mismo tiempo, aumentó vertiginosamente el número de vehículos y se congeló el número de carreteras, San José quedó atrapado, asfixiado y contaminado. Y ¿la gente? La gente no ha contado. Vino, luego, en la primera década del siglo XXI, la crisis trinitaria de la energía, la economía y la alimentación en el mundo. Y en ese país pobre y chiquitico se anunció el inicio de las vacas flacas.
Resulta que, para peor de males, en ese país pobre todas las vías conducían en tropel a la capital, como a un embudo, y no había comunicación entre los pueblos circunvecinos. El MOPT, entonces, desempolvó una ley de hacía 27 años que obligaba a abrir las vías intersecto- riales para que la gente no tuviera que recorrer 12 km en vez de 2 km ni gastar el triple de dinero para pasar de un pueblo a otro. Ni en el cuarto mundo.
Los jerarcas del MOPT y un grupo de profesionales actuaron. Se fijó el día para la intercomunicación, fruto de un esmerado estudio técnico, mas pocas horas antes un tribunal administrativo calificó de “irracional” la decisión y, luego, se movilizó toda la maraña legalista del país, que no es lo mismo que el Estado de derecho. Un país enclochado.
Esa es la cuestión. Se puede mandar al diablo, en un santiamén, una obra hercúlea de ferrocarriles, cualquier diputado tiene poder de veto, cualquier “ideólogo” oxidado levanta tribuna y es posible, en horas de crisis energética y económica, urgidos de razón, invocar la sinrazón para inventar fricciones de todo linaje, y contener la razón del interés público, de ese que llaman pueblo, destinatario del derecho y la justicia...
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