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Carlos Carranza |
Profesor Escuela de Administración Pública-UCR
El país requiere una estrategia de largo plazo y acciones precisas para la asignación de recursos para la educación, ciencia y tecnología, acelerar las inversiones en infraestructura, continuar con un crecimiento de los niveles de salud, mejoramiento ambiental y desde distintos frentes atacar la inseguridad ciudadana. En general para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en las décadas venideras.
Estas tareas requieren tomar decisiones complejas, si queremos situarnos en nuevos caminos de desarrollo con capacidad de profundizar inteligentemente nuestra inserción en los mercados internacionales con un modelo sostenible, solidario y equitativo en las próximas décadas.
Una serie de condiciones son importantes para llegar a este proceso de modo que funcionen en una amalgama la estructura presupuestaria pública adecuada, la rendición de cuentas de fondo, la definición y cumplimiento de objetivos que emanan del Plan Nacional de Desarrollo y la elaboración de políticas públicas prioritarias en distintas áreas con instrumentos novedosos apoyados en las nuevas tecnologías de la información. Esto es imperioso para cimentar una base sólida sobre la que sustente dicho proceso, que es precisamente la modificación de la estructura tributaria.
Necesidad imperiosa. En el denominado Libro Blanco de la Contraloría y en las publicaciones de especialistas se advierte esta necesidad de transformar la estructura tributaria: la primera enfocada en lograr mejor recaudación que permita que las personas físicas o jurídicas tributen adecuadamente pagando impuestos de acuerdo con sus ingresos utilizando las técnicas propias de este ámbito; la otra ruta supone que los tributos sean un porcentaje adecuado del PIB para contar con el financiamiento que nos posicione adecuadamente en el concierto internacional.
Igualmente es preciso que seamos conscientes que no podemos aspirar a un manejo sano de los recursos públicos si no se dispone de las capacidades profesionales y técnicas en la administración tributaria. Por tanto, la reforma en las bases impositivas, las penalizaciones y el rastreo de nuevas técnicas de fraude fiscal, la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de trabajo entre muchas otras, requiere, sin duda, que al unísono se fortalezca la capacidad de la administración tributaria del Estado.
La reforma tributaria actual tiene que ser integral y profunda, sustentada en principios de equidad y solidaridad con apropiada arquitectura presupuestaria-financiera que nos permita utilizar en la mejor forma hasta el último centavo, que es aportado con mucho esfuerzo por la sociedad costarricense.
A la fecha, los intentos de cambios tributarios se han visto detenidos por la falta de empuje mayor de gobierno anterior, quien, si bien les dio el impulso a la ideas, los cambios en ciertas autoridades claves le hizo perder norte a tan importante fin. De hecho, en el trámite parlamentario se utilizaron bloqueos en los procesos por parte de ciertas fuerzas que han convertido el tema como un principio de su propia existencia, olvidando que, si algún día quisieran gobernar, tendrán que disponer de un sistema tributario adecuado. De la misma manera afectaron las visitas de distintos grupos a la comisión que estudiaba la materia tributaria para argumentar que la creación o modificaciones de tarifas de impuestos lastimaría al país.
Democracia madura. Sin embargo, el hecho no está en recriminar a quienes se opusieron, ya que estas dinámicas son inevitables para la marcha de cualquier Gobierno que desee utilizar los cánones democráticos, sino lo contrario: expresar que esta necesidad sigue siendo tarea vital dentro de la agenda pública nacional. En este escenario dichos esfuerzos deben ir encaminados en crear el apoyo de la comunidad nacional; contar con las fuerzas políticas y sociales que concuerden con la aspiración de una sociedad mas justa, equitativa y competitiva debe pasar primero por este esfuerzo nacional. De lo contrario, los Gobiernos del próximo decenio se verían limitados de lograr su programa, incumpliendo con las distintas demandas ciudadanas y de los sectores más dinámicos de la economía, quienes reclaman servicios e infraestructura pública de calidad.
El esfuerzo no debe generar temores, ya que es parte de una democracia madura que construye alternativas dentro de nuevos signos, en la determinación por redistribuir recursos y crear ingresos sanos al Gobierno como lo recomiendan distintos organismos internacionales. Ante este cuadro es primordial el acuerdo nacional, en el entendido de que los esfuerzos que hagamos en materia tributaria sean para el beneficio de la sociedad.
Paralelamente a este desfase de reforma, tres ámbitos se nos plantean como tareas urgentes: asignación de al menos de un 3% del PIB para Ciencia y Tecnología si queremos competir y estimular al productor y emprendedor nacional y estimular las áreas que propone el proyecto Estrategia Siglo XXI. El 8% del PIB para la educación que es fuente para crear capacidades de movilidad social. Asimismo, se requiere estimular un apoyo mayor a las condiciones para crear infraestructura y enfrentar los retos de modelos energéticos, con capacidad de un nuevo sistema agropecuario que nos permita enfrentar con éxito la actual encrucijada.
Avance vital. La reforma tributaria es prioritaria para mejorar la gestión pública, contando con instrumentos fiscales que ayuden a los objetivos del país, diseñado sobre nuevas modalidades de participación estatal y, sobre todo, con un Estado facilitador, creador de posibilidades, sin rémoras de otros momentos del pasado.
Para el logro de esos porcentajes significativos del PIB, dadas las actuales circunstancias, debemos propiciar la progresividad en los ajustes tributarios. Llegar a una base impositiva adecuada no se hace en un año, sino que requiere un crecimiento paulatino de los tributos para no golpear el proceso productivo o afectar los niveles de inflación y permitir que el ciudadano se acomode paulatinamente a las nuevas características.
Los esfuerzos efectuados por el Ministerio de Hacienda en los últimos años es un avance vital que ha permitido al Gobierno enfrentar con mayor holgura ciertos temas que en otro momento no eran posibles. Pese a los progresos, esta alternativa sigue siendo tarea vital dentro de la agenda. Igualmente es preciso que las políticas fiscales anuales sean ponderadas y conciban espacios para promover el crecimiento y desarrollo en las épocas de bonanza tributaria, no con un sentido despilfarrador y demagogo, sino con visión de mediano y largo plazo orientada a incrementar la calidad de vida de los costarricenses. Igualmente se debe ser quisquilloso con aquellos entes que no cumplan sus metas y programas y hacer los ajustes al tenor de la normativa vigente, clara en sus consideraciones sobre el incumplimiento de programas y metas.
La gestión pública de los próximos años debe ir acompañada por una gestión financiera y tributaria saludable y justa que pasa primero por una reforma tributaria, cuyo fin último debe ser mejorar las condiciones de vida, cimentando la Costa Rica solidaria a que todos aspiramos. Estamos a tiempo para replantear este tema y reformular las acciones que nos lleven en la senda adecuada.
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