TAL CUAL Alejandro Urbina | aurbina@nacion.com

Peligroso subsidio al diésel

Director

La iniciativa gubernamental para eliminar el impuesto al diésel no tiene sentido en el largo plazo. En lo inmediato, representará un logro político; reducir impuestos siempre cuenta con amplia popularidad. Precisamente, de esa popularidad nace el “consenso ” entre las diferentes fracciones para aprobar la medida. En lo que difícilmente se pondrán de acuerdo los diputados es en cómo y quiénes asumirán la carga tributaria necesaria para llenar el hueco fiscal (¢130.000 millones) que hoy produce el impuesto al diésel.

La justificación para eliminar el impuesto al diésel se sustenta en el impacto que tiene en lainflación el costo del transporte de carga y el precio del transporte público. En el último año el precio del diésel se ha incrementado un 80%. Este aumento en el costo del transporte de productos se traslada al consumidor final, quien termina pagando más. Además del incremento en los precios, un mayor costo de transporte público afecta a los trabajadores, quienes, en su mayoría (54%), utilizan el sistema para trasladarse a su trabajo. Sin lugar a duda la medida tiene apoyo popular, pero, al no compensar la merma en ingresos fiscales con otros tributos, se vuelvepopulista .

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Aunque los ingresos fiscales perdidos con la eliminación del impuesto al diésel se compensen con otros ingresos, la medida producirá efectos perniciosos quepagaremos caro dentro de unos años.

A nuestros ilustres diputados se les dificultará encontrar cómo sustituir los ingresos fiscales que produce el impuesto al diésel con otros impuestos cuyo costo y eficiencia de recaudación sea comparable. El impuesto a los combustibles se recauda diariamente con mínima evasión y abuso (al margen del subsidio a los pescadores y congresistas). Pero lo peor de eliminar el impuesto al diésel (y así subsidiar su consumo) es la señal que una reducción en el precio envía al mercado:promueve el consumo .

Con el precio del barril de petróleo alrededor de $140 toda política adoptada debería orientarse a desestimular el consumo, no a aumentarlo. Una reducción en el precio como la que se propone fomentará el consumo de hidrocarburos y amortiguará los esfuerzos tanto de ahorro como de búsqueda de alternativas energéticas. La dependencia de Costa Rica en energía importada, lejos de disminuir, crecerá.

La medida, además, bajará la presión para que el ICE (consumidor del 16% del diésel que importa el país), busque fuentes limpias para producir energía. El transporte de carga continuará sobre peligrosos furgones (consumen el 44% del diésel) que atascan nuestra precaria infraestructura vial. La ya lejana posibilidad de reactivar los ferrocarriles, tanto de carga como de pasajeros, será aún más distante. La contaminación que se genera al quemar combustibles seguirá su indefectible camino negro. Y todo lo anterior, para que los políticos de turno recuperen unos puntillos en su popularidad y eviten las odiosas y legendariaspresiones de los transportistas .

Quizás reducir el impacto del precio de los combustibles en el transporte público constituya la única justificante para eliminar el impuesto al diésel. Sin embargo, con creatividad los funcionarios encargados del transporte público pueden encontrar medidas alternativas. En ese sentido, los diputados y el Gobierno se distinguirían si utilizan su inédito consenso para resolver la maraña legal que impidió establecer lasrutas de buses intersectoriales.

La eliminación del impuesto al diésel constituye un subsidio a un sector, aunque traten de maquillar la medida con un incremento en el impuesto al ruedo (para solo un segmento de los beneficiados). El riguroso y revelador informe de la “Comisión de crecimiento y desarrollo”, liderada por el profesor de Stanford y premio Nobel de Economía Michael Spence, sugiere una serie de estrategias que deben seguir los países y otras quedeben a toda costa evitar. Entre las políticas que estos expertos consideran como erróneas, la primera que mencionan es subsidiar la energía. Escuchémoslos:

“Comprensiblemente, muchos Gobiernos son reacios a permitir que los altos precios (de la energía) se trasladen a los consumidores.

“Pero, a menos que los consumidores enfrenten mayores precios, no tendrán incentivo alguno para economizar combustibles o modificar su quehacer hacia una producción menos intensiva en energía. Los onerosos subsidios energéticos solo harán a lassociedades más dependientes del petróleo y dejarán a los Gobiernos con menos recursos para ayudar a los pobres”.

La boyante situación fiscal ya muestra señales de debilitamiento. Por más popular que parezca una disminución en los impuestos, hay que evitar la tentación.