Tres fincas

 No hay razón alguna legal o moral para que no se traspasen al Estado tres fincas de la Orquesta Sinfónica Juvenil

 La conveniencia pública de un traspaso se inscribe en la ley, no en la interpretación de quien incumple

La renuencia de la Asociación pro Orquesta Sinfónica Juvenil, presidida por Kirsten Figueres Olsen, de entregar, como corresponde por derecho, tres fincas al Estado, adquiridas en 1973, pareciera un episodio gracioso, pero, lamentablemente, no lo es. Pareciera también una cuestión de poca monta, dados los problemas actuales, pero no lo es. Pareciera una rabieta, pero no lo es.

Se trata de una cuestión de derecho y de moral pública. Y eso es y hay que decirlo pues nadie debe gozar, en un Estado de derecho, de fueros especiales. Más bien, quienes gozan, por cualquier motivo y hasta con toda razón, de estatus o reconocimiento especial tienen mayor obligación de dar el ejemplo. Así funciona la democracia, aunque, lamentablemente, en muchas ocasiones se han impuesto las excepciones a esta regla de convivencia.

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Tampoco hace falta dramatizar, pero, realmente, carece en absoluto de sentido que, pese a las instancias formuladas a dicha asociación para que devuelva lo que no es de ninguno de los asociados o directores, no haya cristalizado.

Tampoco tiene sentido que el abogado de dicha asociación extreme sus escrúpulos legales al punto de que, si se entregan las tres fincas, según su decir, pueda incurrir en responsabilidad ante los asociados. Resulta bien esta delicadeza moral y legal cuando se custodian o administran, a derecho, bienes ajenos, mas no precisamente cuando el legítimo propietario exige lo que le pertenece y, más aún, cuando, a pesar de diversas instancias, no se le rinden cuentas cabales.

Los hechos hablan por sí solos según informamos ayer. Don Pepe recibió, siendo presidente de la República, en 1973, una donación para la Orquesta Sinfónica Juvenil, compró tres fincas y las puso a nombre de una asociación con la condición de entregarlas “íntegramente” a la Orquesta. En 1986 dicha asociación se extinguió y se creó otra, sin que se realizara el traspaso indicado. Tampoco esta procedió en consecuencia e incumplió el propio estatuto, que obligaba al traspaso. En el 2007, tras un reportaje de La Nación , la Asociación presentó un acta en la que se documentaba la renovación de la junta directiva y su vencimiento en el 2015. El incumplimiento, a lo largo de los años, ha sido, pues, manifiesto, al punto que el Centro Nacional de la Música (CNM) ha acordado iniciar “un proceso judicial”.

Según la presidenta actual de la citada asociación, no hay motivos de “conveniencia pública” para entregar las tres fincas. Según esta temeraria e irrespetuosa expresión, el criterio particular de una persona, que incumple, prevalece sobre el interés público y la ley. Preocupa, además, a la junta directiva del CNM que, en 30 años, no se haya contado con un informe sobre la gestión de estos inmuebles, es decir, sobre su explotación, utilización y destino. En estas condiciones, se ha perjudicado a la Orquesta Sinfónica Juvenil. A la vista de estos hechos y de este prolongado irrespeto, cabe preguntarse qué razones especiales les impedirán a la junta directiva de esta asociación y a su presidenta anteponer su conveniencia a la del Estado, devolver las fincas y rendir cuentas precisas de su gestión.

Pareciera innecesario, dada la claridad de los hechos, recordar principios tan elementales como el respeto al Estado de derecho. Dados, sin embargo, su trascendencia, el sacrificio de otras generaciones para restaurarlo o fortalecerlo, y la erosión que, en estos años, han sufrido estos valores, en forma pública e impune, sería incongruente denunciar otras conductas y minimizar, como pretenden algunos, la devolución de tres fincas, como si se tratara de bagatelas.