Un paso valiente y necesario

 El presidente de Sudán debe ser procesado por la Corte Penal Internacional

 Ante la decidida acción de la fiscalía, es necesaria una fuerte presión externa

Luis Moreno Ocampo, un distinguido jurista argentino, experimentado luchador por los derechos humanos y principal fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), ha hecho lo que tenía que hacer: luego de tres años de laboriosa investigación y ante abrumadoras evidencias de que Omar Hassan al-Bashir, presidente de Sudán, es responsable de una de las más escalofriantes masacres contemporáneas (aún en curso), ha solicitado formalmente a ese alto tribunal que dicte orden de captura en su contra y lo procese, bajo cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Su decisión tiene una enorme trascendencia para la constante y difícil lucha en pro de los derechos y la dignidad de los seres humanos alrededor del mundo. Porque solo mediante una real voluntad de terminar con la impunidad de los peores déspotas será posible cumplir plenamente con el mandato de la CPI.

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Desde su establecimiento, hace diez años, como una institución permanente encargada de “ejercer su jurisdicción sobre personas por los más serios crímenes de interés internacional”, es la primera vez que la Corte inicia trámites de procesamiento contra un jefe de Estado en funciones; también es la primera en que su fiscal presenta cargos por genocidio.

Según la investigación del Moreno Ocampo, Bashir es directamente responsable de haber “orquestado e implementado” un plan para aniquilar tres grupos étnicos –losfur , losmasalit y loszaghawa – en la provincia sudanesa de Darfur, escenario de perversos enfrentamientos entre varias facciones rebeldes, fuerzas del Gobierno y milicias apoyadas por este. Se estima que las víctimas de este intento deliberado de “limpieza” étnica ascienden a 35.000 personas inocentes; sin embargo, los cálculos más respetados consideran que el total de civiles masacrados en los cinco años de conflicto se eleva a 300.000, mientras los desplazados llegan a millones.

Y todo esto ha ocurrido en medio de una vergonzosa y errática conducta internacional. Porque ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni la Organización de Unidad Africana (OUA) han desplegado las fuerzas y los recursos necesarios para frenar la carnicería.

Las reacciones frente a las gestiones del fiscal han sido diversas. Por un lado, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y países de tradición democrática, a los que nos sumamos, han expresado su complacencia. En otro extremo, representantes de regímenes también despóticos y que, de diferentes formas, han sido cómplices de Bashir –como China, que le vende armas y le compra petróleo–, se oponen rotundamente a la iniciativa. Pero también están los que, aunque defienden los derechos básicos y rechazan la carnicería y al carnicero de Darfur, temen que un eventual procesamiento endurecerá al Presidente sudanés y su régimen, dificultará aún más el trabajo del personal humanitario que trata de aliviar las terribles penalidades de los civiles en la zona y, en síntesis, podría producir sobre la población un efecto más grave que si no se hiciera nada.

Discrepamos totalmente de lo anterior. A nadie de buena voluntad le interesa que el conflicto se torne aún más sanguinario. Pero la comunidad internacional no puede dejarse sobornar por Bashir; tampoco permanecer impasible por más tiempo ante sus atrocidades. Al contrario, más bien debe incrementar sus presiones para que cambie de actitud.

Según las regulaciones de la CPI, el Consejo de Seguridad puede diferir por 12 meses la decisión en torno al pedido del fiscal. Hacer esto podría ser una manera de abrir una oportunidad para buscar una salida a la crisis, pero siempre que, junto a la posposición, se incremente la acción de las Naciones Unidas, la OUA y otros actores globales, para proteger más eficazmente a los civiles y ponerles freno a las masacres. Lo que, sin embargo, no debe hacerse, en ninguna circunstancia, es frenar del todo esta ejemplar acción de Moreno Ocampo y –eventualmente– la CPI. Porque lo que está de por medio no solo es el grave caso de Darfur y la imperiosa necesidad de que los culpables sean castigados ejemplarmente, sino la propia eficacia y legitimidad de la Corte y de su crucial tarea de actuar frente a los peores crímenes contra la humanidad.