Buenos Días Mauricio Martínez S. | mmartinez@nacion.com

Lecciones de Orosi

Jefe de Información

El acueducto Orosi, vital para cientos de miles de costarricenses, es tan vulnerable que cualquier hijo de vecino hace un trabajo “urbanístico” o “técnico” y deja a secas y en penurias a comunidades enteras.

El 3 de julio, con pocas horas de diferencia, se debió trabajar en dos fugas en el ducto; la primera, a la altura de La Pitahaya, y la otra en el sector de Coris.

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Para el primer trabajo hubo información previa sobre el lapso del racionamiento. En el segundo caso, que se prolongó casi cuatro días, los ciudadanos parecían abejones de mayo, desorientados ante la ausencia de información precisa, divagaban y protestaban.

Aquello fue un caos. Familias enteras sin bañarse ni poder asear los comales. Los más pudientes corrían a “saquear” los supermercados en busca de agua envasada.

Otros, hacían malabares para llenar baldes con el agua llovida o sencillamente se armaban de paciencia y pastoreaban a los cisternas que les llevaban “el preciado líquido” (para decirlo en bonito, como estila más de un colega descerebrado).

La incertidumbre, alimentada por informaciones del “ya casi le llega el agua”, es una amarga experiencia que no debe repetirse, por un mínimo de respeto hacia los contribuyentes y para que no se ponga en entredicho la credibilidad de AyA.

Tampoco debe dilatar tanto Acueductos en sentar las responsabilidades pecuniarias y/o legales sobre quienes se pasearon en el tubo madre de Orosi en dos ocasiones.

En el caso de La Pitahaya hay indicios de que el daño ocurrió a raíz de unos trabajos efectuados por otra institución pública. Si fuera así, ¿hubo coordinación previa con AyA?, ¿existe algún tipo de mecanismo de información técnica establecido de antemano en esa entidad?

Sobre la ruptura en Coris, la información preliminar apunta a un deslizamiento provocado por una empresa privada en un tajo cercano.

Las pesquisas que realiza AyA, y en especial las conclusiones, deben ser puntuales y creíbles. El medio millón de costarricenses que sufrió con el desabastecimiento de agua merece una explicación sobre los daños reales y exige que se sienten las responsabilidades del caso.

Las contumerias excesivas y las rabietas justificadas de los afectados deben ser el acicate que permita rectificar las políticas de información y coordinación institucional.