Inquietante arremetida

 La incautación de dos televisoras y una radio en Ecuador genera gran inquietud

 Pareciera que estamos ante una manipulación estatal para imponer voluntades

Si Ecuador fuera un país con estabilidad institucional, un sólido Estado de derecho y un Presidente que, en sus actuaciones públicas, hubiera dado muestras de tolerar la crítica y respetar la libertad de expresión, no habría muchas razones para estar preocupados por la súbita incautación, el pasado martes, de dos estaciones de televisión y una radioemisora, junto con otras decenas de empresas pertenecientes al llamado Grupo Isaías. Pero la realidad, por desgracia, es otra. De aquí que tal medida, justificada como una vía para recuperar parte de las pérdidas de la crisis bancaria que el país vivió en la pasada década, abra enormes dudas sobre las verdaderas intenciones del mandatario, Rafael Correa, y sobre el futuro de la democracia ecuatoriana.

En Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por Correa y sus partidarios, prácticamente ha suplantado las funciones de los poderes Legislativo y Judicial. Todas las decisiones se han concentrado, peligrosamente, en el Ejecutivo. La oposición política, desprestigiada y desarticulada, tiene muy pocos mecanismos de control. Desde que asumió la Presidencia, Correa no ha cesado de criticar a los medios de comunicación, a los que considera como enemigos de su proyecto “socialista”.

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Pero, a pesar de su retórica inflamada, de sus medidas populistas y de su eterna búsqueda de culpables, la popularidad del mandatario se ha erosionado en los últimos meses, mientras el apoyo al nuevo texto constitucional cada vez es menor, al punto de que existen dudas sobre la posibilidad de que sea aprobado, eventualmente, en un referendo.

En medio de este panorama, la incautación tiene perturbadores ribetes. Fue tomada por una agencia estatal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de que estaba en curso una investigación en la Corte Suprema de Justicia. El ministro del ramo, Fausto Ortiz, en total desacuerdo con la medida, renunció a su cargo, con lo cual la legitimidad de la medida es aún más débil. Al justificarla, Correa echó mano a su repertorio de argumentos de malos contra buenos y poderosos contra débiles, por lo cual muchos piensan que el golpe, entre otras cosas, busca mejorar su popularidad de cara a los sectores más débiles de la sociedad.

Todo lo anterior sería grave en cualquier circunstancia. Pero lo es más cuando parte de los afectados son medios de comunicación independientes. Y, todavía peor, como si estuviera colocando una espada de Damocles contra otras emisoras de radio y televisión que se atrevan a ejercer sus funciones con autonomía, el llamado Consejo Nacional de Radio y Televisión, también controlado por el Ejecutivo, anunció que había iniciado el proceso de reversión al Estado de más de 200 frecuencias radiales, televisivas y de operación de cable, por presuntas irregularidades en sus contratos o mora en el pago de tasas.

Los medios de comunicación, sin duda, tienen que cumplir con la ley y pagar sus impuestos. Si no lo hacen, deben recibir las mismas sanciones que cualesquiera otros tipos de empresas o ciudadanos. Pero lo que está de por medio en este caso, como factor de alarma, no es la acción del Estado en contra de determinados canales y sus dueños. El problema es que se da al margen de garantías institucionales y jurídicas medianamente aceptables, se origina en decisiones de un presidente que desdeña los verdaderos fundamentos de la libertad de expresión, y, junto con la negativa oficial de estar tomando medidas contra quienes ejercen la crítica, se han producido claras amenazas contra otros medios.

Es decir, más que ante un esfuerzo por aplicar la ley sin miramientos, como corresponde en una verdadera democracia, pareciera que estamos ante un intento por manipular a las instituciones para imponer voluntades. He aquí el grave meollo del asunto.