No me he opuesto

Diputado

En La Nación del día 8 de julio se informa de que la fracción del PUSC rechaza la conformación de una comisión para que investigue el manejo de los recursos administrados por el BCIE en beneficio de la Administración Arias Sánchez. Debido a que, al señalarse que la fracción se opuso a dicha solicitud, se me incluye entre los diputados opuestos a la conformación de la comisión investigadora, es necesario aclarar a la opinión pública que yo no me opuse, no me opongo y nunca me opondré a que esta Asamblea Legislativa investigue cuál ha sido el manejo que se le ha dado a los recursos donados por el BCIE.

El día en que se presentó la moción yo no pude llegar a tiempo a la votación; sin embargo, si hubiera estado presente, no hubiera titubeado en apoyar la conformación de la comisión investigadora. Lo prueba la denuncia que presenté ante la Contraloría General de la República el 1 de julio, mediante el oficio DBVP-254-R 2008.

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La denuncia fue presentada porque un análisis de los artículos 8, 9 y 11 de la Ley de la Contraloría General de la República y el 184 de nuestra Constitución me convencieron de que los fondos donados por el BCIE al Gobierno son fondos públicos y, por lo tanto, es necesario que se investigue si las actuaciones de las autoridades gubernamentales se han ejecutado conforme a derecho.

Mi tesis es que cada palo aguante su vela, y que, si se han cometido errores en la administración de estos recursos, sea aplicado todo el peso de la ley sobre los responsables de los yerros sin importar su nivel jerárquico, pues no podemos permitir que los bienes públicos sean manejados como bienes de difunto.

Creo que en materia de control, y tratándose de un asunto que ha adquirido tanta relevancia, el exceso de órganos investigadores no hace daño a nadie y más bien podrían ayudarse mutuamente para esclarecer la verdad.