Estamos amenazados

 El 70% de furgones, vagonetas y camiones pesados no pasan, por irresponsabilidad de sus dueños, la revisión técnica. 14.000, con fallas en los frenos

 SOS vial: urge sacar de circulación a estos vehículos y aplicarles a sus dueños una multa a tono con el peligro que representan

Este editorial podría consistir en la reiteración llana y objetiva de los datos publicados por este periódico, el jueves pasado, aportados por Riteve SyC, en cuanto a la irresponsabilidad de los dueños de furgones, vagonetas y camiones pesados que circulan diariamente por las carreteras de nuestro país. No sería necesario agregar ningún comentario. Las cifras hablan por sí solas y cualquier lector podría, regido por el sentido común y los principios básicos del derecho natural, extraer las conclusiones pertinentes.

No vamos, sin embargo, a sustraernos de la obligación de formular algún comentario, pues lo publicado en este reportaje no tiene parangón ni antecedentes en la historia vial (civil y penal) de nuestro país. Estos datos constituyen, además, un diagnóstico fiel del estado de irresponsabilidad que impera en este sector, con alegre desprecio del derecho a la vida y del derecho a la integridad física de los habitantes. En síntesis, millares de furgones, vagonetas y camiones pesados circulan por nuestras calles, con la complacencia y la impunidad de sus propietarios, sin que a estos ni a las respectivas cámaras empresariales, tan dispuestas a bloquear vías públicas, les importen en absoluto las fatales consecuencias derivadas de esta conducta irresponsable.

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Resumimos: el 70% de estos vehículos pesados –unos 22.000– no aprueba la revisión técnica principalmente por el mal estado de los frenos. De estos, la mitad falló de nuevo en la primera reinspección técnica. A sus propietarios no les importó el estado deplorable de sus vehículos en el 2005 y el 2006, cuando el rechazo ascendió al 58% y 68%, respectivamente. Más bien, la situación empeoró (70%). En el 2007, Riteve calificó 1.500 de esos vehículos como de “alto riesgo”. La amenaza social era tan grave que hubo que sacarlos de Riteve en grúa, como cuando se obliga a un conductor en estado de ebriedad a dejar el vehículo por el peligro inminente que representa. El 71% de los vehículos grandes, que transportan productos peligrosos, reprobó el examen. Doble responsabilidad criminal: el estado del vehículo y su contenido.

En el caso de buses y vehículos livianos la reprobación asciende al 45%, porcentaje que logra escabullirse en el análisis crítico por el dato monstruoso adjudicado a los furgones y camiones pesados. De estos, por cierto, unos 7.000 evadieron, en el 2006, la revisión, lo que habrá significado un triunfo para sus propietarios. En cuanto a las carretas de los furgones, solo acudió a la revisión el 4,5% de las 10.000 registradas. Los pretextos de propietarios y directores de las cámaras respectivas para justificar este proceder contra los derechos más sagrados de las personas explican con bastante aproximación la causa de este estado de cosas, negación del Estado de derecho y del sentido de responsabilidad social.

Definitivamente, ante este estado de cosas, en que el respeto a las personas no cuenta para nada, solo queda el arma legal de un aumento muy fuerte por evadir la revisión técnica. La suma de ¢10.000 para los vehículos pesados que evaden la revisión técnica equivale al costo de algunos tornillos o de unas cuantas cervezas. Un monto irrisorio, esto es, una invitación a seguir delinquiendo. Esta multa debe estar acorde con el peligro que estos vehículos representan para la sociedad. El Gobierno debe, sin tardanza, poner manos a la obra y llamar a cuentas a los propietarios de estos vehículos. Por su parte, los dueños de vehículos respetuosos de la ley deben salir en defensa de su honor y procurar un cambio radical. Los diputados, a su vez, deben actuar. Al menos, debe engavetarse la tortuosa iniciativa de liberar la revisión técnica para volver a los tiempos de antes…, criadero de la incultura vial del país.