Contrataciones con dinero donado por el BCIE

Presidencia envió información incompleta a diputados

 Nueva lista incluye plazo, monto por mes y ‘objeto’, pero faltan más documentos

 Foro legislativo llamó a Ortuño para comparecer jueves, pero está de viaje

Una lista incompleta y con someras explicaciones envió la Presidencia de la República al Congreso para la investigación sobre la forma en que se han gastado $2 millones donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Un total de 36 consultorías pagadas a partir de marzo de este año fueron incluidas en el reporte, por lo cual corresponden a partes de los dos programas de “cooperación financiera no reembolsable” otorgada a este Gobierno, cada uno por $1 millón.

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Esta lista incluye el monto mensual por persona o sociedad y el plazo de los servicios. También se menciona el “objeto” de la consultoría contratada.

“Asesoría y apoyo técnico al Ministerio de la Presidencia y a la Presidencia de la República” es, por ejemplo, el objeto de la contratación de Ana Ross Góngora.

Ella, sin embargo, había dicho a La Nación que trabaja en protocolo y relaciones públicas directamente para el BCIE, del que recibe órdenes, y que ni siquiera visita la Casa Presidencial.

Ni el caso de Ross ni ningún otro se respaldó con copias del contrato de servicios, que es de carácter privado, según la versión reiterada por el Gobierno. Tampoco se conoce hasta ahora la justificación de las contrataciones.

El Ejecutivo envió la información el miércoles a la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, que también llamó a comparecer al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, aún sin fecha. Llamaron al director del BCIE por Costa Rica, Alfredo Ortuño, para el jueves, pero se desconoce si ya habrá vuelto de Italia.

En la nota dirigida por Arias al presidente de la Comisión, el socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez, aclara que los detalles de los programas ejecutados en el 2007 “quedan pendientes”. Argumentó que el BCIE está aún en el “levantamiento de la información”.

Sánchez expresó que aún espera que las personas contratadas, o los representantes de las sociedades, entreguen documentos en los que se amplíen los detalles de la consultoría brindada.

Hasta el momento, solo la exdefensora Sandra Piszk ha atendido esa solicitud de la Comisión.

El informe hecho público ayer por el foro legislativo incluye comunicadores, exdiputados socialcristianos y a la exvicepresidenta Lineth Saborío, además de reconocidos asesores de la Presidencia, como Luis Diego Vargas, Mimí Prado y Mishelle Mitchell.

También figura el detalle de profesionales como Julio García, quien funge como asesor del diputado José Manuel Echandi, aliado del Gobierno. En su caso, el objeto del contrato fue “desarrollar labores en el área de periodismo atendiendo las necesidades del despacho”, pero no se especificó a cuál oficina daba el servicio.

Los servicios del mensajero Enrique Calderón Mora sí aparecen ahora clasificados como “gastos relacionados”, aunque en una lista anterior, del 2 de julio, el Gobierno lo ubicó en el área de “análisis de coyuntura y apoyo al Presidente”.

El Gobierno ha admitido que se cometieron algunos errores, pero defiende los programas porque subsanan la falta de recursos y las trabas de la gestión pública.