Ejecutivo busca medidas ante crisis energética
PLN descarta plan del Gobierno para eliminar impuesto al diésel
Jefe de fracción pide a Hacienda estudio para generar nuevo plan de ley
Ministro Dobles llega al Congreso para hablar de política energética
El plan para eliminar el impuesto del diésel y gravar con ¢145 más a la gasolina quedó descartado en el Congreso al perder el apoyo del PLN, confirmó el jefe de la fracción verdiblanca, Óscar Núñez.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso el 25 de junio, tuvo una vida de 13 días en Cuesta de Moras.
Núñez declaró ayer que el plan anunciado por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, “perdió viabilidad” en la Asamblea Legislativa.
Una nueva idea. El parlamentario habló de una nueva propuesta para eliminar el impuesto del diésel a los sectores productivos.
La idea del diputado va en el sentido de distribuir la carga tributaria que se le quite al diésel en otros productos.
Estos “otros productos” que se gravarían evitarían que el Ministerio de Hacienda deje de percibir el dinero que recoge por medio del impuesto a aquel combustible.
Los cigarrillos, las bebidas alcohólicas e incluso un aumento en $5 en el impuesto de salida del país forman parte de los productos que serían afectados, dijo Núñez, aunque aclaró que son solo ideas preliminares.
El jefe de bancada del PLN comentó que se debe eliminar el tributo al diésel para no golpear a la clase productora y a los transportistas, pero con los debidos controles en su ejecución.
Manifestó: “Estamos trabajando en una propuesta en borrador con el ministro y la viceministra de Hacienda”.
El legislador insistió en la necesidad de depurar los sectores que serían beneficiados con la eliminación del impuesto al diésel.
“Si usted quita el impuesto al diésel de forma general habría una serie de especulaciones que no se están viendo dentro de este esquema (planteado por el Ejecutivo)”, consideró el diputado.
El plan del gobierno ni siquiera se llegó a discutir en e la Comisión de Asuntos Hacendarios, y lo más que se hicieron fueron sesiones explicativas de la propuesta de ley.
Para la próxima semana se espera que esté listo un nuevo proyecto de ley que minimice el impacto de la crisis energética que afecta al país en este momento.
Política energética. Entretanto, los legisladores votaron una moción para que hoy se habilite el plenario a partir de la 1:15 p. m.. con el propósito de recibir al ministro del Ambiente y Energía, Roberto Dobles.
El funcionario llegará a exponer a los parlamentarios las políticas energéticas que plantea el Gobierno de cara a la crisis energética que disparó las cotizaciones de los combustibles.
“El ministro Dobles viene a analizar la política energética en todos los esquemas, no solo en el tema de los combustibles”, dijo Núñez.
Un plan inviable. El plan que el Poder Ejecutivo pretendía que se aprobara planteaba que la gasolina súper se gravara con ¢145 adicionales y a la gasolina regular con ¢135.
El proyecto proponía duplicar el impuesto al ruedo para los vehículos de diésel que no se utilizaran para tareas de producción agrícola o para transporte público.
El plan fue criticado con fuerza en el Congreso desde su anuncio, especialmente por los legisladores del Movimiento Libertario (ML) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“El proyecto es tan malo que hasta el mismo oficialismo ha tenido que salir a corregirlo”, comentó el libertario Mario Quirós.
Jorge Eduardo Sánchez, diputado del PUSC, resaltó que es necesaria una propuesta en materia de energía y no una solución “fiscalista”.
El único visto bueno, aunque con reservas, lo dio el Partido Acción Ciudadana (PAC) por medio del jefe de fracción Francisco Molina, pero descartó que el plan tuviera futuro en este momento.
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Las legisladoras liberacionistas Hilda González, Maureen Ballestero y Sandra Quesada (orden usual) dirigieron ayer el debate en el Congreso. Atrás la también socialdemócrata Ofelia Taitelbaum. Adriana Ovares
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Registro Legislativo
Los diputados de la comisión especial que estudia el proyecto integral de seguridad ciudadana aprobaron ayer una moción que modifica los términos de aplicación de prisión preventiva, de manera que los fiscales pueden solicitar esta medida cuando en el delito cometido “medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas”, lo cual amplía el criterio para que los jueces la apliquen.
La propuesta había entrado en un bache en las últimas semanas. El diputado liberacionista Jorge Méndez aseguró que retomaron el ritmo, luego de un proceso de meditación de parte de los legisladores. Para Elizabeth Fonseca, representante de Acción Ciudadana, el tema es delicado y se debe avanzar con las precauciones del caso. El proyecto sigue en la comisión legislativa hasta que los legisladores lo dictaminen.
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