Jorge Guardia | jguardia@capitales.com

En Guardia

abogado-economista

Las argumentaciones esgrimidas por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, para tratar de justificar el manejo oculto de los fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), son inaceptables.

Reconoció haber contratado “funcionarios” que no eran funcionarios y realizar pagos fuera del Presupuesto para ganar celeridad en la contratación y eficiencia en la prestación de servicios al Estado (o sea, sí eran funcionarios), dada la maraña que rige la contratación. También alegó que los sueldos eran muy bajos para la calidad de funcionarios requeridos. De nuevo, el Estado paralelo de John Biehl en calzoncillos.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

¿Y el régimen del Servicio Civil? ¿Dónde quedan los principios que inspiraron su nacer y desechar la politiquería en la Administración, impuestos por Liberación Nacional? ¿No manda acaso la Constitución que todos los cargos al servicio de los poderes del Estado se rijan por normas claras y transparentes del Presupuesto Nacional? También prevé la Constitución que la Contraloría General de la República autorice y fiscalice todos los gastos que, directa o indirectamente, afectan la cosa pública. Don Rodrigo, tristemente, se burló de ella y sus sabios principios. Y, al hacerlo, se burló también de nosotros.

Alegar que el Estado no puede contratar buenos funcionarios, es falaz. Él y (casi) todos los ministros son ejemplos de que sí puede contratar gente competente, con mecanismos transparentes y legales. También es falaz decir que los sueldos del Estado son malos (los malos son ellos). Si fuera así, no se podría siquiera contar con funcionarios del calibre del Presidente de la Corte Suprema de Justicia o la Contralora General, quienes no solo prestan servicios de calidad, sino que poseen una mística increíble. En el fondo, quisieron pagar en especie a los amigos y allegados políticos, mediante fondos destinados en su esencia al Estado. ¡Mala nota!

Doy un ejemplo –pero hay otros– de esa mala práctica politiquera, cohonestada por el BCIE: Óscar Arias, al final de la administración Pacheco, insistía en aprobar el paquete tributario, por razones obvias. Pero los diputados, sobre todo libertarios, no estaban dispuestos a hacerlo en las postrimerías de don Abel. Políticamente, era un suicidio. Entonces, negoció con Mario Redondo, del PUSC, una triquiñuela política para aprobarlo. A cambio, le ofreció “hueso” en su futura administración. Y le pagó con creces: lo nombró a su servicio, con jugosos fondos del BCIE. ¿No engavetaron a un alto exfuncionario por influir en los diputados para hacer algo propio de sus cargos? Todo esto nos deja un mal sabor.