Eficacia y transparencia

 El Gobierno debe dar explicaciones claras sobre el uso de fondos del BCIE y Taiwán.

 El Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Contraloría deben presentar propuestas sobre el uso y administración de las donaciones.

El buen rumbo de un país, de su gente y de sus instituciones, depende, entre otras cosas, de la eficacia gubernamental, entendida como la capacidad para tomar y ejecutar decisiones oportunas y pertinentes. Para que esto ocurra se necesita, además, contar con buenos cuadros profesionales, que apoyen la gestión política del Gobierno. Pero el buen rumbo de un país depende, todavía más, de la transparencia y del buen uso de los recursos que maneja el Estado. Cuando se respetan, todo funciona mejor y los ciudadanos consolidan su confianza en las instituciones y quienes las dirigen; cuando se transgreden, el efecto es totalmente inverso, y el daño se traslada, incluso, a la gobernabilidad.

La forma en que, tal como revelóLa Nación durante esta semana, el Gobierno ha manejado los recursos provenientes de un “programa de cooperación financiera no reembolsable” por $2 millones, aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y de una donación del Gobierno de Taiwán, por $1,5 millones, para “mejorar la calidad de vida” de 600 familias en Rincón Grande de Pavas, constituye un evidente y lamentable caso de cómo, con el propósito manifiesto de mejorar la gobernabilidad, se cayó en las distorsiones y la opacidad; incluso, en prácticas éticamente censurables. Esto resulta, a todas luces, incorrecto, y el Ejecutivo aún debe al país una explicación exhaustiva sobre lo actuado y un plan claro sobre cómo subsanarlo.

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Sabemos, perfectamente, que la gestión pública necesita, sobre todo en sus instancias máximas de decisión, personal de primer nivel, y que, por las rigideces que caracterizan el sistema de remuneraciones estatales, muchas veces es imposible conseguirlo. Hasta ahora, como país, hemos sido incapaces de corregir orgánicamente este problema. Por esto, en todas las administraciones se ha acudido a dudosas“soluciones”, que consisten en la búsqueda de recursos que no provienen de manera directa del fisco, para poder contratar consultores de alto nivel, que, de otra forma, no trabajarían en el Gobierno. La “cooperación financiera no reembolsable” a la Presidencia, por parte del BCIE, es una de ellas, que el Banco también concede al resto de los países centroamericanos.

De nuestras revelaciones ha quedado en evidencia, sin embargo, que muchos de esos fondos no se usaron para contratar asesores de reconocida capacidad, sino una legión de personas y servicios, muchos de los cuales nada tienen que ver con el “fortalecimiento del liderazgo y procesos de toma de decisiones” o con la “gobernabilidad y reforma del Estado como herramienta de desarrollo”, propósitos explícitos de la donación del BCIE. Es decir, parte importante de los fondos no tuvieron el destino que, legítimamente, se podía justificar, y en varios casos el dinero se destinó a pagar lealtades, amistades o favores, no servicios profesionales legítimos, lo cual torna éticamente muy cuestionables estas decisiones.

Peor aún es el caso de la donación de Taiwán, también formalmente administrada por el BCIE, pero en la realidad por el Ministerio de Vivienda. El destino específico que tenía fue distorsionado. Prácticamente nada llegó para desarrollar, en Rincón Grande de Pavas , un modelo de “intervención social replicable en materia de mejoramiento de barrios”, de manera que casi todo se canalizó a asesorías en otros campos, y a pagar personal de la oficina del ministro Fernando Zumbado.

De este desviado reparto, lo más recusable es que $315.000 fueron a parar al Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH), mezcla de empresa consultora y organización no gubernamental de la que, históricamente, han sido parte tanto Zumbado como la asesora presidencial Adriana (Mimí ) Prado. El Ministro asegura haber salido de la organización antes de asumir su actual cargo, lo cual no quiere decir, necesariamente, que esté desvinculado por completo o no se reincorpore a ella. Prado aún era vicepresidenta del CIDH cuando se firmó el contrato de asesoría. Estamos, por ello, ante un caso sumamente grave, porque si en verdad el Ministro, la asesora presidencial y el Gobierno como un todo están comprometidos con la ética, esa organización ni siquiera debió haber sido tomada en cuenta en el de por sí censurable desvío de fondos taiwaneses.

A todo lo anterior se añade la falta de transparencia con que el Ejecutivo ha manejado el caso. Primero, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, dijo que “la demanda de información (por parte deLa Nación ) es lógica, natural y deseable en un país en donde el Gobierno ha demostrado su determinación de ser absolutamente transparente”, pero luego se contradijo al afirmar que “en el Gobierno de la República no tenemos por qué satisfacer las preguntas de un medio cuando quieran”, y que esto dependía “de las políticas nuestras y cuando consideremos que amerite dar la información”; es decir, no de su interés público. Para coronar, el viernes, durante una actividad en Limón, el presidente Óscar Arias calificó el caso como “una novela”, cuando los hechos reales son tan claros. Posteriores declaraciones del Ministro de la Presidencia han sido más amplias y concretas.

Lo menos que, a estas alturas, esperamos del Gobierno, es lo mismo que debió hacer desde el principio: dar toda la información, detallar qué ha hecho cada uno de los contratados y sancionar a quienes hayan incurrido en acciones que rocen con la ética; es decir, reconciliar la eficacia con la transparencia y el rendimiento de cuentas. Es lo que manda su deber tanto con la gobernabilidad como con los principios que rigen la democracia. Estamos en espera, asimismo, de las conclusiones de la Comisión parlamentaria sobre el Gasto público y de la Contraloría General de la República. Las propuestas correctivas del Gobierno, de la Asamblea y de la Contraloría pueden cristalizar en regulaciones legales adecuadas para ordenar todo lo atinente al uso y administración de donaciones de este tenor, un campo en el que, por mucho tiempo, no ha habido control ni claridad.