Responsabilidad y buen gobierno

 Los fondos para consultorías deben incorporarse al Presupuesto Nacional

Presidente del Movimiento Libertario.

Aunque el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, en su artículo publicado en Foro de La Nación el 2 de julio pasado , no señala con nombres y apellidos los políticos, según él, “mal aconsejados por el oportunismo o guiados por su propia experiencia –por aquello del que las hace se las imagina...”–, en lo que a mí y al Movimiento Libertario (ML) compete, hemos actuado con la responsabilidad política que nos caracteriza y con la mayor lealtad y respeto que merecen los costarricenses, cansados de la “mala praxis” política, la corrupción, la mentira y el usufructo particular del poder del bipartidismo.

Ni este servidor ni el ML hemos gobernado este país como para imaginarnos cosas que nunca hemos hecho ni haríamos jamás, como es el mal uso de los recursos públicos. Aspiramos a gobernar en un futuro cercano para recuperar el orgullo de ser costarricenses y para devolverles a las personas la confianza, la esperanza y la certeza de una mejor calidad de vida, abandonando los vicios y la perversidad de la política tradicional.

Denuncia. El ML ha denunciado un caso particular que, desde un análisis lógico, evade todo tipo de controles y procedimientos contables básicos en la administración pública o privada y nos hace suponer que los recursos del Programa de Cooperación Técnica del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) están siendo administrados con procedimientos indebidos.

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No estamos en contra ni nos oponemos a la contratación de consultores y asesores para que este o cualquier gobierno desarrolle exitosamente los planes, las reformas y las obras que el país requiere, y sí que las requiere con urgencia en el campo de la reforma del Estado, la seguridad ciudadana, el desarrollo energético, la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, entre otras.

Como partido de oposición responsable, queremos asegurarnos de que los fondos de este programa se incorporen al Presupuesto Nacional y se inviertan con la mayor ética administrativa y, en ese sentido, como lo ha prometido en su artículo el ministro Arias Sánchez, quisiéramos conocer los nombres de todos los asesores y las asesoras contratadas, los términos de referencia de los contratos para constatar los objetivos, los plazos y los productos de cada asesoría, el deber de elaborar informes parciales de avances y finalización del trabajo y a quién o a quiénes reportan, y el monto de los honorarios acordados.

Es importante evaluar la idoneidad de la persona contratada, con la especialidad y los objetivos de cada caso; los costarricenses queremos saber por qué y para qué se contrató a los asesores, cuáles son los beneficios o productos que el país obtendrá de este programa del BCIE y en qué plazo.

Es importante, además, conocer el procedimiento administrativo contable que se aplica, sobre todo cuando se hace necesaria la mayor austeridad y la mejor inversión de los recursos. El Gobierno debe entregar esa información, lo más breve posible, a la Comisión de Control del Gasto Público de la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República. Esto no es politiquería ni oportunismo, es responsabilidad política, es transparencia, es un requisito del buen gobierno. No quisiéramos constatar que estamos ante el típico caso de “el Poder para mis amigos y la Ley para mis enemigos.”