La pesadilla del pueblo

 El arrendamiento es un alquiler, no constituye, contablemente, un financiamiento

Ingeniero

El editorial de La Nación del 26 de junio del 2008, titulado “La pesadilla de Alcatel” , señala, entre otras cosas, que: “La actual administración del ICE ha hecho bien en separarse técnica y moralmente de Alcatel. … anunció el rompimiento definitivo del contrato suscrito… rechazó el canje para que Alcatel instalara 200.000 líneas adicionales y otros equipos… se investiga a Alcatel… por el pago de sobornos a funcionarios públicos... También sigue su curso un proceso para inhabilitar a esta empresa como proveedora del ICE…si Alcatel se atrevió a tanto fue, sin duda alguna, por la complacencia interna de quienes debían cumplir con su deber. Alguien tiene que dar cuantas”.

Aplaudimos. Aplaudimos el proceso que se sigue en los tribunales de justicia en este caso, inaudito en nuestros anales y que en su momento causó la indignación del país.

Todavía el pueblo espera la sentencia aleccionadora en este, y otros casos como el de Fischel-CCSS, que tienen la agravante –aparte de los delitos económicos–, de corromper nuestras más sagradas instituciones: la CCSS y el ICE.

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En relación con las medidas adoptadas por el ICE en este contrato, aplaudimos la cancelación de este –no sin antes exigir su total cumplimiento–, y la posibilidad de prohibirle participar en futuras licitaciones, al menos por un periodo prudencial.

Sin embargo, no es posible, pues existe un fin superior, cual es la continuidad del servicio al usuario, separarse técnicamente de Alcatel, como lo apunta La Nación . Querámoslo o no, nuestra red depende –para las 400.000 líneas celulares de este contrato y para más de 1 millón de líneas fijas–, de Alcatel, para el suministro de repuestos, actualizaciones tecnológicas y nuevos servicios en esos equipos.

A todo ello está obligado –este y los demás proveedores–, por el lapso de la vida útil de los sistemas adquiridos, así se establece en cada contrato, pues como tecnologías patentadas que son, dependemos de sus repuestos “genuinos” y software “propietarios”, que no pueden ser suministrados por ningún otro proveedor.

Aplaudimos que el ICE retome la administración de tales equipos y aún más, que eliminara –de una vez por todas– los arrendamientos. Esa forma de financiamiento, a la que fue obligado el ICE hace ya varios años, es mucho más onerosa que un préstamo comercial –que sí se ofrecen, aunque se diga lo contrario–, pero que no es posible por prohibiciones absurdas que han convertido en pieza de museo la autonomía de las instituciones del Estado.

Políticas neoliberales. Estas regulaciones son una clara aplicación de políticas neoliberales que pretenden adelgazar el Estado –a la vez que engordan a privados y transnacionales–, prohibiéndoles a las instituciones cualquier endeudamiento (el arrendamiento es un alquiler, no constituye contablemente un financiamiento). Como si la deuda de los privados –que no controlan–, no produjera desde un punto de vista macroeconómico, los mismos resultados para el país y aun peores, por la exportación de sus utilidades.

Si para Alcatel esta ha sido su pesadilla , la del pueblo apenas empieza. Si bien los costos de los servicios han de reflejar en algún grado los $20 millones en sobornos que se gastó Alcatel para obtener este contrato, al pueblo le espera una aun mayor, el rebalanceo de tarifas, consecuencia de la apertura según la nueva Ley General de Telecomunicaciones.

La imposibilidad de lograr la competencia que define en el papel esa Ley –en redes que son monopolios naturales–, y en algún grado la corrupción o la debilidad –ya no de los proveedores o de los operadores, sino de los reguladores– han contribuido en América Latina a la conformación de monopolios con alcances continentales. Se ha propiciado, así, la transformación de los otrora monopolios nacionales –estatales, regulados, sin fines de lucro, solidarios–, en gigantescos monopolios regionales, con tarifas de pesadilla, en este caso, la del pueblo.