El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) alegó que sus archivos son “inviolables e inmunes”, por lo que se reserva la información acerca de las contrataciones de asesorías para Casa Presidencial.
“Solamente se puede dar la información al cliente-beneficiario que así lo solicite”, expresó Alfredo Ortuño Victory, director por Costa Rica, en el oficio DIRCR-038-2008, dirigido a este diario.
Así respondió el ente que, según el Gobierno, podría entregar los reportes de las 84 asesorías contratadas con un fondo de $2 millones donados por el organismo financiero regional, con sede en Honduras.
El BCIE es un “organismo de derecho público internacional”, según la Contraloría General de la República (CGR).
La carta firmada por Ortuño califica al BCIE como una “persona jurídica de carácter internacional”, cuyo Convenio Constitutivo le otorga calidades que no la obligan a entregar información.
Citó los artículos 27 y 30. El primero dice que el Banco tendrá “inmunidades, exenciones y privilegios” y el segundo dice literalmente que sus archivos son “inviolables y gozan de inmunidad absoluta”, lo que quiere decir que no pueden ser decomisados.
Ortuño extiende lo que dice el artículo 30 no solo a los archivos, sino a “todos los documentos que le pertenecen o están en su posesión”.
“El BCIE se ve imposibilitado por mandato de su Convenio Constitutivo a facilitar la información por usted requerida”, sentenció el extesorero del Partido Liberación Nacional (PLN).
Este periódico solicitó copias de los contratos de consultorías, reportes de los servicios y los “gastos relacionados” de los proyectos “Fortalecimiento del liderazgo y procesos de toma de decisiones” y “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramienta de desarrollo”, ejecutados desde noviembre del 2006.
Una consulta igual ante Casa Presidencial, el pasado martes, tampoco fructificó. “Para lo solicitado corresponde pedir dicha información al Banco Centroamericano de Integración Económica”, se lee en un mensaje de la vocera presidencial, Mishelle Mitchell.
Hasta el momento solo se han revelado los nombres de 84 personas físicas y jurídicas contratadas con los $2 millones en los últimos dos años, pero no se han conocido los montos desglosados ni las justificaciones de las consultorías.
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