Contraloría indagará si fondos donados evaden controles
La Contraloría General de la República (CGR) decidió ayer iniciar una indagación de oficio sobre su potestad para ejercer controles sobre las donaciones de $2 millones del BCIE a la Presidencia de la República.
“En principio se considera como objeto fiscalizable de la CGR en competencias de control posterior, en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa”, según una respuesta oficial del ente contralor enviada un día después de que La Nación reveló la existencia del fondo y su manejo secreto en la Casa Presidencial.
“No es posible indicar en este momento las características en detalle de esta indagación, pero está claro que se solicitará la información atinente al contrato.
“El objetivo es determinar con certeza si dicho instrumento jurídico requería refrendo y determinar el marco regulatorio aplicable en instancia de control posterior”, agrega el mensaje.
Dos proyectos para asesorías, financiados con cooperación no reembolsable del BCIE para el actual Gobierno, se han desarrollado sin control previo alguno.
La Contraloría confirmó el lunes que no realizó ninguna revisión previa de autorización para la puesta en marcha del programa llamado “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramientas para el desarrollo”, con un fondo de $1 millón. Otro similar se desarrolló durante el 2007.
Consultado sobre el tema, el excontralor Luis Fernando Vargas reconoció que este es un tema delicado, pues se trata de dinero ajeno al Presupuesto Nacional y, por tanto, lejos de los controles a los que se somete en el Congreso.
“Es delicado que se sorprenda a una administración haciendo frente a sus necesidades con dineros extrapresupuestarios”, expresó el excontralor, quien recordó que este tipo de casos siempre han significado un reto para la CGR, aunque ya los ha abordado en temas como el de la Fundación para la Cooperación Estatal (FUCE), durante la administración Pacheco.
“Es delicado también porque es una forma de opacar la gestión del órgano ejecutor. No es la primera vez que esto ocurre. Estas prácticas dificultan a los órganos de control el ejercicio de sus funciones”, dijo.
Sobre el carácter público o privado de los $2 millones, Vargas estimó que hay espacio para la duda, pero sí consideró públicos los servicios. “Son funciones públicas que se ejercen con fondos de naturaleza dudosa”, estimó, con base en el artículo 2 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito. “Es servidor público toda persona que presta sus servicios en los entes de la Administración Pública”.
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El contrato entre el BCIE y la Presidencia no se sometió a la autorización previa de la Contraloría General, encabezada por Rocío Aguilar. Archivo
