Procuraduría confirma potestad de aliarse con sector privado

Ley permite a AyA delegar construcción de acueductos

 Puede hacerlo cuando hay un interés público y estudios técnicos

 Proyectos no deben comprometer el recurso hídrico de las comunidades

Acueductos y Alcantarillados (AyA) puede delegar la construcción de obras en el sector privado, siempre y cuando exista un interés público para desarrollar el proyecto.

Dichas obras deben estar justificadas por estudios que respalden su viabilidad y necesidad.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

A esta conclusión llega un dictamen emitido por la Procuraduría General de la República sobre las facultades de AyA para hacer obras con participación privada.

El dictamen dice que las obras deben ejecutarse “sin que ello signifique comprometer el recurso hídrico existente en perjuicio de la comunidad presente o de los habitantes de los eventuales desarrollos”.

Además, los desarrolladores deben tramitar los permisos de construcción, pagar los impuestos respectivos y donar la obra a AyA.

Sí se les permite recibir un monto proporcional a la inversión realizada por parte de nuevos desarrolladores que usen el acueducto.

Esto rige en los cinco años siguientes al término de la obra.

Además, el monto del abono deberá fijarlo AyA y no se cobrará nada a las viviendas particulares.

Sobre la asignación de pajas señala: “El número de pajas que se asignen al urbanizador (por parte del AyA) dependerá de los estudios realizados, y de que no se comprometa el interés público”.

Consulta. Este análisis estuvo a cargo de la procuradora adjunta, Silvia Patiño, quien respondió una consulta hecha por el auditor de AyA, Alcides Pacheco.

Pacheco le pidió evaluar si el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana permite a AyA hacer una obra con fondos privados. Además, pidió analizar el reglamento de este artículo emitido el 11 de setiembre del 2007 por la junta directiva de AyA.

Sobre el reglamento, Patiño advierte que hay vicios de inconstitucionalidad porque su emisión debe hacerla el Poder Ejecutivo.

La consulta se hizo cuando están paralizadas las obras del acueducto Sardinal-Ocotal-El Coco, en Guanacaste, a la espera de estudios sobre la capacidad del manto acuífero de Sardinal.

Este acueducto se construye con $8 millones aportados por 22 desarrolladores privados.

La Procuraduría no analizó el caso de Sardinal en especial, sino el marco legal general.