Minae opuesto a recibir del IDA terrenos ocupados

20.000 familias habitan en áreas públicas protegidas

 Algunas viven desde hace 40 años en tierras recibidas del antiguo ITCO

 Contraloría General obliga al Instituto a devolver terrenos al Estado

La Contraloría General de la República exigió al IDA devolver al Estado áreas públicas protegidas ocupadas por unas 20.000 familias que habitan en asentamientos campesinos del Instituto.

Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entidad que administra por ley el patrimonio natural estatal, se niega a recibir las tierras hasta tanto no sean desalojadas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

• Ley prevé ecoturismo

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

En marzo pasado, la Contraloría ordenó al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) la devolución de 81.000 hectáreas de áreas dedicadas a la conservación, a más tardar el 30 de noviembre del 2008.

Una revisión del ente contralor, efectuada en noviembre pasado, determinó que el IDA había acordado el traspaso de solo 5.000 hectáreas, 6% de los terrenos.

Sin gente. Vera Montero, funcionaria del Minae, dijo que el Instituto debe entregar los predios que son “patrimonio natural del Estado, sin gente, sin poseedores”.

Según expuso, desde setiembre pasado hasta la fecha, han llegado al Ministerio 162 fincas para que se inicie el proceso de verificación de área protegida y el respectivo traspaso.

Jimmy Garita, topógrafo del IDA, manifestó que un caso “complicado” es el asentamiento “Chambacú”, creado en 1967 en la zona norte.

En el sitio, unas 10.000 familias tienen más de 40 años de vivir en el lugar gracias a una concesión del antiguo Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO), hoy IDA.

El asentamiento se ubica en la reserva forestal Cerro el Jardín, establecida en 1994.

Según la Contraloría, el IDA tiene 65 asentamientos afectados por áreas silvestres protegidas.

Garita explicó que de esos 65 asentamientos ya se inició el traspaso de 23 predios, localizados en las regiones Brunca, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Heredia y Chorotega, donde se localizan 10 asentamientos campesinos.

Garita añadió que de los 65 asentamientos, en 47 casos la declaración de zona protegida fue posterior a la creación de la comunidad. “Ya la gente estaba ahí”, advirtió.

Problema social. Carlos Bolaños, presidente ejecutivo del IDA, señaló que el Estado es el responsable de ordenar el territorio, “porque la gente más pobre es la que habita esos lugares. No pueden sacarla y trasladarla porque vive en un área protegida”, comentó.

“Se deben definir las áreas que desde el punto de vista ambiental son más vulnerables, para que se mantengan inalteradas.

“Pero en otras regiones tiene que permitirse un desarrollo sostenible donde se aprovechen los recursos naturales, sin deterioro del ambiente”, puntualizó.

Bolaños aseveró que entregar al Minae esas tierras sin gente creará un problema social, el cual no podrá resolverse sin tomar en cuenta a las propias comunidades.

Mariela Azofeifa, periodista del ente contralor, dijo que “las soluciones a casos puntuales (los asentamientos) que surjan producto de la implementación de las disposiciones vinculantes que la Contraloría le giró al IDA, debe generarlas el mismo sistema institucional que en su momento propició la disposición correctiva que la Contraloría señaló en su informe de fiscalización”.