¢6.750 millones inmovilizados mientras hay sentencias

Ley impide al Estado usar bienes incautados al narco

 Berrocal propone reforma legal para trasladar dinero a un fideicomiso

 Fondos se usarían para prevenir consumo de drogas y fortalecer la Policía

Mientras los cuerpos policiales antidrogas necesitan patrullas, municiones y armas, la ley prohíbe al Estado costarricense disponer de todos los bienes y dineros incautados al narcotráfico.

Un total de ¢6.750 millones ($13,5 millones) decomisados a los narcotraficantes durante los últimos cinco años no se pueden utilizar en beneficio de los cuerpos policiales antidrogas porque la Ley no lo permite.

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La Ley de Psicotrópicos y Legitimación de Capitales señala que mientras no haya un fallo en firme de un tribunal que establezca que el dinero y los bienes provienen de un hecho ilícito, el Estado no puede hacer uso de ellos.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD), la mayoría de los casos por tráfico de drogas tardan hasta cinco años para tener una sentencia firme.

Durante ese tiempo, el Estado solo puede utilizar los intereses que genere el dinero y dar en préstamo los vehículos y bienes inmuebles decomisados.

Para este año, los intereses, que están en una cuenta del ICD, alcanzarán la suma de ¢190 millones.

De acuerdo con datos del ICD, a la fecha esa institución tiene decomisados 762 vehículos (furgones, cabezales, camiones, vagonetas, aeronaves y bicicletas).

De ellos, solo se puede disponer de 122 unidades que ya tuvieron sentencia firme. El resto están en bodegas del ICD, muchas en estado de abandono o prestadas a instituciones públicas o privadas.

En cuanto a bienes inmuebles, el ICD tiene en su poder unas 14 propiedades, la mayoría prestadas a entidades públicas o privadas que luchan contra las drogas.

Una vez que los tribunales dicten fallos en firme sentenciando a los sospechosos, el ICD puede rematarlas o donarlas.

Proponen fideicomiso. El ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, tiene listo un proyecto para presentar a los diputados con el fin de reformar los artículos 84 y 85 de La Ley de Psicotrópicos y Legitimación de Capitales para que se permita aprovechar los ¢6.750 millones incautados.

El proyecto pretende pasar los fondos a un fideicomiso y usarlos para luchar contra el consumo de drogas y fortalecer a la Policía.

El Ministro calificó como un contrasentido el hecho de que, habiendo dinero quitado a los narcos en cuentas del Estado, las autoridades antidrogas sufran carencias en la lucha contra el narcotráfico.

“En este momento necesitamos al menos 500 patrullas, gran cantidad de armas y municiones para la Policía”, declaró anoche.

Berrocal aclaró que la reforma no toca los bienes muebles e inmuebles incautados a los narcos los cuales seguirán entregándose de manera provisional a los cuerpos policiales antidrogas.

El Ministerio de Seguridad Pública tiene en uso provisional 55 autos, 24 embarcaciones, tres cabezales y tres furgones de los narcos.

Junta de notables. De acuerdo con la reforma que sería presentada a los diputados, el fideicomiso sería administrado por una junta de notables encargada de atender las necesidades que le planteen los cuerpos policiales, así como el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y otras entidades.

La reforma pretende que el fideicomiso no esté sujeto a la Ley de Contratación Administrativa. Con ello se busca que el ICD no tenga que someter sus compras a procesos de licitación.

“El fideicomiso nacería amarrado si para todas las compras que se vayan a realizar tengamos que hacer licitaciones”, dijo Berrocal.

El director del ICD, Mauricio Borasci, apoya la creación del fideicomiso pero dijo que debe tenerse prudencia con las inversiones que se hagan con dichos fondos.

“Se trata de fondos que le pertenecen a las personas sometidas a los procesos judiciales y tenemos que responder ante ellas en el caso de fallos que nos obliguen a devolver los dineros”, advirtió.