Hiperlegalización de la función pública

Abogado

En días recientes, debí atender un caso que refleja una seria patología en la capacidad de dirección de nuestros funcionarios públicos, la cual parece estar generalizándose.

El caso surgió a raíz de una contratación que una de las instituciones públicas de asistencia social hizo de una empresa privada para que esta realizara labores de archivo de documentación.

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La mecánica de la contratación era elemental: el valor del contrato dependía de la cantidad de folios a archivar.

A raíz de una diferencia que surgió entre las cantidades de folios a archivar, que generaba a su vez una variación de los montos originalmente pactados en el contrato, la empresa privada solicitó al jerarca que valorara dichas diferencias, con el fin de llegar a un entendimiento sobre el desfase.

Era tan simple. En esencia, se trataba –estrictamente– de un asunto que se limitaba a hechos de verificación de números y correcciones inmediatas sobre lo acordado.

Sin embargo, tamaña sorpresa se llevó el empresario contratado cuando se enteró –valga agregar que meses después– de que, como respuesta a su elemental solicitud, recibió nada menos que un dictamen legal suscrito por tres abogados, incluido el director del departamento legal de la referida institución.

Pese a que se trataba de un asunto tan simple, que bastaba para ser resuelto con previa verificación técnica de las diferencias señaladas por la empresa y un básico golpe de timón del jerarca respectivo, al ser remitido a la oficina legal de la institución, el asunto se tornó en un dilema de meses, de ir y venir de dictámenes legales, que ha requerido, incluso, que la empresa privada en mención debiera buscar la contratación de servicios legales privados, razón por la cual acudió a nuestro despacho.

Gobernabilidad caótica. Este pequeño ejemplo, que podríamos denominar de “hiperlegalización de la función pública”, ilustra de qué forma los mandos medios de nuestra administración pública han renunciado abiertamente a la toma de decisión política, lo cual está afectando seriamente el progreso del país y, además, conduce la gobernabilidad a un estado de cosas cercanas al caos.