Página Quince. Abril Gordienko López

 Las comunidades no se benefician verdaderamente del desarrollo urbanístico

Abogada

La Asamblea Legislativa, por orden de la Sala IV, va a investigar a la Defensora de los Habitantes por supuesta actuación indebida ante la denuncia de un vecino de Escazú disconforme con irregularidades en un edificio de condominios que le embutieron cerca de su casa.

Lo mejor de esta noticia es que al menos por un rato se pondrá atención sobre el tema de las anomalías que sirven de cimiento para muchos de los condominios horizontales y verticales que se están construyendo en el Valle Central.

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Al final de la investigación se sabrá si, realmente, la Defensoría incumplió algún deber, pero ojalá la comisión legislativa se fije en la raíz del problema en vez de distraerse con el follaje.

“Yo soy un fiel convencido del desarrollo vertical”, dijo uno de los diseñadores de un edificio que albergará 136 apartamentos y 8 locales comerciales en una intersección escazuceña que ya es un tapón, cuando aún no se han ensartado en las estrechas calles los 350 carros que, según se calcula, va a generar esa ballena de 9 pisos. Aclaro que no me opongo al desarrollo vertical, que, como ha dicho el ingeniero Eric Steinvorth en esta misma página, puede traer muchos beneficios; lo que me molesta es que se ponga la carreta delante del caballo, es decir, cuando empotran un edificio enorme en un área que no está preparada para asimilar su impacto. En otras palabras, me opongo a la construcción de megaproyectos antes de que la comunidad que los recibirá tenga las condiciones necesarias de infraestructura vial y de todo tipo de servicios para lidiar con el aumento repentino de habitantes, de vehículos y de demanda de servicios que significa un proyecto como los que abundan ahora en Escazú y Santa Ana, por ejemplo; ni qué decir de Guanacaste, cuyas comunidades están perdiendo la tranquilidad y los valiosos recursos naturales.

Investigación ineludible. Lo que realmente amerita una investigación por parte de la Asamblea son los permisos de construcción otorgados irregularmente por las instituciones que integran la cadena de requisitos exagerados, repetitivos y a veces inútiles que se necesitan para ejecutar un proyecto, que en muchos casos se pueden obtener pagando mordidas por aquí y por allá.

Para muestra, un botón: por mis manos pasó un reciente estudio de impacto vial que con frescura afirmó que, para salir de Los Laureles hacia la carretera más transitada de Escazú, un viernes en hora pico, se tarda menos de 1 minuto y que el aumento previsto de 350 vehículos no acarrearía un impacto significativo por al menos el próximo quinquenio.

Quienes hicieron el estudio deben haberse basado en un machote de hace unos 15 años y, curiosamente, los funcionarios del MOPT y de la Municipalidad no percibieron la incongruencia, por decir lo menos, y dieron luz verde al proyecto.

Lo mismo está pasando en la radial Santa Ana-Belén, donde el comercio y los edificios de oficinas se multiplican, como por efecto dominó , a ambos lados de una carretera que ya había sido concebida sin pensar en que el futuro en verdad llega, y en la que fácilmente se puede tardar media hora para recorrer 500 metros.

Un amigo me sugirió que escribiera sobre la responsabilidad social de los desarrolladores y empresarios de la construcción, que llegan a una comunidad, levantan obras enormes, luego recogen máquinas ybrochures promocionales y se van a hacer lo mismo en otra zona. Pero ¿le dejaron algo positivo a la comunidad que les permitió aumentar sus ingresos? ¿Se aseguraron de que las calles darán abasto, una vez terminada la obra; que las aguas negras y la basura podrán ser adecuadamente desechadas; que habrá suficientes líneas de teléfono para los futuros inquilinos? En otras palabras, ¿pueden garantizar que la calidad de vida en esa área no se va a deteriorar como consecuencia del pretendido desarrollo que ellos han traído?

Pero, si gracias a la explosión constructiva, voy a tardar lo mismo en llegar a un trabajo ubicado a 1 kilómetro que lo que tardaba antes en recorrer 10 kilómetros, si no llega agua suficiente a las cañerías, si en la farmacia no hay parqueo a ninguna hora o si va a haber la misma cantidad de policías por el triple de habitantes, ¿puede eso llamarse desarrollo?

Conciencia social. Qué bueno sería que las comunidades se beneficiaran verdaderamente del desarrollo urbanístico, es decir, que, a la vez que se levantan condominios, oficinas y centros comerciales que traerán empleo y acortarán las distancias para ir al banco o a la oficina, también se ampliaran las calles y zonas verdes, se multiplicaran los puestos de Policía, de Bomberos y de salud, y se construyeran bahías para los buses. Necesitamos desarrolladores con conciencia social, funcionarios municipales y estatales honrados y con visión de futuro, y que los diputados vean con claridad dónde están y quiénes son los culpables de la plaga urbanística, que ya es insostenible.