Caldera, Japdeva y maraña legal

 Caldera ha superado todas las expectativas, pero la ineficiencia estatal atrasa la inversión social

 La miopía, la prepotencia sindical y el anacronismo portuario le han causado daños irreparables al país

Los datos son elocuentes: el Instituto Costarricense de Puertos (Incop) recibió $7, 3 millones de la Sociedad Portuaria de Caldera, concesionaria de este puerto. Esta empresa inició su labor hace 16 meses. De este monto total, ¢600 millones los destinará esta institución al desarrollo social de la provincia (escuelas, pupitres, becas, infraestructura turística y otras necesidades). Por su lado, los municipios de Esparza y Puntarenas recibirán ¢1.863 millones, producto del canon respectivo por tonelada movilizada.

Tal como informamos ayer, estos recursos exceden las inversiones de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que en el 2006 aprobó un presupuesto de ¢4.298 millones a obras sociales, del que solo ejecutó ¢2.186 millones, pues el resto se destinó al pago de salarios y cargas sociales. Solo ¢833 millones obedecieron a obras construidas reales. No hace falta consignar, por sabido y para no hacer comparaciones enojosas, el monto consagrado a satisfacer las demandas propias de la convención colectiva. Por otra parte, según el presidente ejecutivo del Incop, el monto total percibido, gracias a la concesión portuaria, supera los recursos dedicados a obras sociales mientras la administración del puerto estuvo a cargo del Estado.

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Cae de su peso cuánto ha perdido la economía nacional y cuánto el desarrollo social de Puntarenas y Limón por una administración portuaria ineficiente por décadas y décadas. Esta gestión anacrónica y dispendiosa estancó el progreso portuario y afectó a las empresas y a los consumidores, los que, en última instancia, pagaron la factura de la miopía estatal y de la prepotencia de los sindicatos. Una simple comparación entre la administración de Japdeva y la situación actual de Caldera basta y sobra para sacar las correspondientes conclusiones sobre el modelo más adecuado para el desarrollo del país y de estas provincias. El rezago sufrido por el país en el campo vial y aeroportuario da cuenta, a la vez, de las consecuencias económicas y sociales sufridas por la pésima gestión del modelo concesionario en años pasados.

Nuestra información de ayer sobre el puerto de Caldera contiene algunas notas oportunas sobre la mentalidad burocrática, reforzada por una legislación anacrónica. Aunque los ¢1.853 millones referidos están en manos del Incop y de los municipios citados, buena parte de estos recursos no se ha podido aplicar. Según el presidente ejecutivo de esta entidad, se debe completar previamente un fideicomiso por $5 millones (sic) y, en cuanto a los municipios de Esparza y Puntarenas, la ley reguladora de la actividad portuaria del Pacífico obliga a convocar a una audiencia, en cualquier sábado del mes de junio, a todos los concejos de distrito para seleccionar los proyectos. En consecuencia, cuando se han definido las obras, ya se acabó el año.

Lo dicho forma parte del anecdotario cómico de nuestro país, como el hecho de que el dinero para becas estudiantiles, pupitres y calles se empantana a causa del cúmulo de trámites exigidos. Así, un comité integrado por los miembros del Concejo de Esparza debe adjudicar las becas respectivas, mas todavía no ha seleccionado a los beneficiarios. Al parecer, no han advertido que el curso lectivo comenzó hace tres semanas y que los estudiantes son pobres. En fin, por un lado una concesión portuaria productiva en marcha, tras mil y un obstáculos y, por el otro, la clásica maraña administrativa del Estado para aprovechar a tiempo los recursos. Una historia de nunca acabar.