Abordaje incorrecto

 La justicia debe ver la ley y no las pasiones

Juez Tribunal de Juicio de Puntarenas

Por respeto a la opinión pública y al Poder Judicial, ejerzo el derecho de respuesta al editorial deLa Nación del 17 de febrero, en el que se hace un abordaje incorrecto de una decisión jurisdiccional tomada por el suscrito.

Durante la semana se han hecho una serie de publicaciones en los distintos medios de comunicación nacional sobre el caso del barco pesqueroTiuna , al que se atribuye el haber estado ejerciendo la pesca ilegal en aguas de la Isla del Coco. He de indicar que, por mi condición de juez, conocí en apelación de las medidas cautelares impuestas contra los tripulantes de esta embarcación, causa que se encuentra pendiente de resolución final y, por esa razón, al igual que por las normas de ética de abogado y funcionario judicial, omitiré hacer referencia en concreto a la decisión tomada; las partes involucradas en el proceso, (Ministerio Público y Defensa Técnica) ya las conocen y son ellas las que ejercen el control en el caso en concreto, sin necesidad de acudir a la luz pública a litigar.

Legalidad y respeto. No obstante, sí es menester señalar que los jueces de la República estamos sometidos a la Constitución y a la ley. Cuando se me nombró en la función jurisdiccional, ese fue el juramento que tomé: respetar la Constitución y la ley, lo que al día de hoy puedo decir, sin reparo alguno, he cumplido. Sé perfectamente que respetar el ordenamiento jurídico trae consecuencias para los juzgadores, una de ellas es que a menudo nuestras decisiones no son populares y, en ese tanto, los aplausos de la tribuna se tornan en silbidos y abucheo.

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Todo eso lo puedo entender, pues casualmente como funcionario público dentro de una democracia y un régimen de derecho, se nos puede pedir cuentas de nuestras acciones y decisiones, y nosotros estamos en la obligación de darlas dentro de un marco de legalidad y respeto a la dignidad humana.

Deficiencias de la ley. El haber tomado una decisión dentro de esta causa ha generado diversas críticas, lo que no está mal y puedo afirmar que el desarrollo del derecho penal costarricense se ve fortalecido (en este campo en concreto), bien sea porque se comparte el criterio del suscrito o porque no, pero en todo caso pone en el tapete la Ley de Pesca y sus deficiencias en la protección de los recursos naturales marinos, según lo consideran no pocos conocedores del tema. Esta ley, valga decir, elimina la pena privativa de libertad antes contenida en el artículo 258 del Código Penal como delito de piratería y, en consecuencia, ahora impide la aplicación de cualquier medida cautelar, como la prisión preventiva u otras.

Lo que no puedo dejar pasar por alto es el otro extremo de la información, cuando se deja una cortina de humo entre frases bien elaboradas para generar en el lector la duda de la honorabilidad y rectitud de este servidor público. No es precisamente un acto de corrupción lo que ha motivado al suscrito a tomar una decisión jurisdiccional, tampoco la lejanía del contacto con la realidad por encontrarme en una posición “angelical frente a la delincuencia”.

Todo lo contrario, es el respecto a un Estado de derecho, donde los ciudadanos extranjeros y nacionales pueden estar seguros de que, independientemente de las pasiones que pueden generar sus acciones u omisiones, se les resolverá en estricto apego a la ley, aun cuando eso no sea fácil de entender por la mayoría y no se encabece con titulares de “Juez Valiente”.

Considero que sería sano que los que hoy se encuentran en desacuerdo con lo fallado y preocupados por la suerte de la Isla del Coco, no se limiten a aprovechar el calor del momento para criticar sin sustento legal una decisión judicial; más bien, que desde esas trincheras que cada uno de ellos ocupa se impulsen los cambios en la legislación aplicable a la materia y con ello poder proteger este patrimonio de la humanidad como se lo merece.