Favorecimiento a flota extranjera

 Cumplimiento de la Ley es opcional para las naves pesqueras foráneas

Presidente de Pretoma

Leí con frustración las declaraciones de la Presidencia de Incopesca ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa el 14 de febrero, en las que se aduce que la entidad está atada de manos para actuar contra el desaleteo en aguas nacionales, y solicita recursos millonarios para contratar más personal y ejercer mejores controles.

Primero, el desaleteo no es problema en aguas nacionales. Aunque la práctica pudo haber sido común en el pasado, los pescadores nacionales han mostrado anuencia a respetar las disposiciones actuales, que exigen la descarga de la aleta adherida al cuerpo en forma natural. Este simple y sencillo método ha servido como modelo para otras naciones de la región, e inclusive la Asamblea General de las Naciones Unidas recientemente recomendó su implementación para controlar efectivamente el desaleteo en el ámbito global.

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Si bien más recursos sería algo bueno, el problema del desaleteo tiene más que ver con el deseo político de favorecer arbitrariamente los intereses de la flota extranjera, que opera en aguas internacionales, que con la carencia de inspectores.

Sin regulaciones ni controles. Como es harto reconocido, el desaleteo es practicado por barcos de bandera extranjera, provenientes principalmente de Asia. Son naves de gran envergadura, que han sido denunciadas en foros internacionales por desaletear tiburones y por pesca ilegal, sin regulaciones ni controles. Desde 1998, Costa Rica invitó a esta flota, mejor conocida como la flota “china”, a descargar sus alijos de aleta de tiburón en los muelles privados de Puntarenas, sin ningún tipo de asidero legal. Pese a que nuestras leyes aduaneras y del MOPT exigen el uso de muelles públicos para la operación de esta flota, y tanto la Sala IV como la Contraloría han ordenado el uso de infraestructura pública como condición para recibirlos, las autoridades pesqueras y aduaneras han decidido hacerse de la vista gorda. La experiencia de Pretoma en este tema, que cubre ya tres periodos presidenciales, demuestra que las autoridades pesqueras se crean más trabajo, y se gastan más recursos, procurando la evasión de la ley de parte de la flota extranjera, que si simplemente la hicieran cumplir.

Bien podríamos aprender de El Salvador. Desde hace un año, no descarga una sola embarcación extrajera en ese país, a raíz de la aplicación efectiva de su ley contra el desaleteo. En ese mismo lapso, 90 embarcaciones extranjeras descargaron en Costa Rica, aprovechando el portillo legal que ofrece el país a través de los muelles privados.

¡Que se cumpla la ley! En fin, lo que en Costa Rica necesitamos para promover la conservación y el manejo de los tiburones es, ante todo, que se cumpla la ley en los muelles privados. ¿De qué vale tener más inspectores si el cumplimiento de la ley es opcional para la flota extranjera?

Se debe reconocer, además, que los tiburones necesitan más que una simple prohibición al aleteo. Hay que reducir su mortalidad. Hay que establecer vedas temporales y permanentes en zonas de congregación, tallas mínimas, cuotas máximas, y especies vedadas, todo lo cual requerirá de más información técnica y la promulgación de más legislación, en un contexto local y regional. Lamentablemente, la actitud proteccionista de nuestra nación hacia la flota extranjera, condena no solo cualquier iniciativa doméstica de control al fracaso absoluto, sino también cualquier iniciativa por procurar el manejo regional de los tiburones.