Víctimas no tienen a nadie a quién acudir

Las víctimas del fraude bancario por Internet no tienen ninguna entidad estatal a la cual acudir cuando los bancos se niegan a reintegrarles el dinero.

La Dirección de Apoyo al Consumidor, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, indicó: “Es un tema de los Tribunales de Justicia”.

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Sin embargo, no todos los costarricenses tienen capacidad económica para demandar al banco, sobre todo en momentos en que el dinero que tenían guardado ahí pasó a manos de terceros.

Víctimas de fraude por Internet comentaron a La Nación que los abogados les cobran entre $5.000 y $12.000 por demandar.

Jaime Barrantes, abogado experto en la ley del consumidor, explicó que una demanda puede tener éxito, pues la ley atribuye mayores deberes de carga probatoria al agente económico. Pero, además del costo, demandar toma tiempo y no hay garantías.

Ello contrasta con países como México, donde la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene un equipo de abogados que ayuda a los usuarios a plantear sus reclamos ante los bancos.

Marco Antonio Cuadra, de esa entidad, explicó que en ese país ninguna ley obliga a los bancos a reintegrar el dinero, pero la mayoría de bancos ha preferido hacerlo “para evitar el deterioro de la imagen ante el público”.

Aquí tampoco. Otra entidad a la que acuden los costarricenses es la Sugef, pero esta tampoco interviene. El superintendente, Óscar Rodríguez, explicó: “No tenemos autoridad legal para interferir o para interceder como árbitro financiero entre el banco y sus clientes. El papel de la Sugef es velar por la salud financiera del sistema financiero en general”.

Ello no opera así en otros países. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia puede recibir quejas de los usuarios, hacer investigaciones y aplicar sanciones.

En octubre, emitió una circular que ordena a los bancos “poner a disposición de sus clientes mecanismos que reduzcan la posibilidad de que la información de sus transacciones pueda ser capturada por terceros no autorizados”.

La única entidad que está tratando el tema es la Defensoría de los Habitantes, que en enero abrió una investigación de oficio tras recibir numerosas denuncias de usuarios que preguntaban a qué entidad le corresponde el tema.

Aunque la Defensoría no tiene potestad para dar directrices bancarias, está haciendo una serie de cuestionamientos a los bancos estatales y emitirá recomendaciones sobre cómo llenar el vacío legal que existe actualmente.