Costa Rica, Viernes 8 de febrero de 2008

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Proliferación de tomas legales e ilegales amenaza abastecimiento

AyA exige restringir permisos para construir pozos de agua

 Instituto pide limitar autorizaciones a cantones conplan regulador

 Minae ve difícil cumplir pedido; tiene 400 solicitudes en lista de espera

Alonso Mata B. | amata@nacion.com

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solicitó al Minae suspender la concesión de permisos para la construcción de pozos acuíferos.

Lo anterior hasta que exista un balance hídrico y un plan regulador del cantón donde se solicite realizar la perforación.

El jerarca de AyA, Ricardo Sancho, explicó que de no contar con estos requisitos se desconocen los recursos reales de la zona.

Sancho consideró que de continuarse con la perforación de pozos se pone en riesgo el recurso hídrico y se podría dejar si acceso al agua a cientos de pobladores.

Sin embargo, autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) aseguran que no pueden cumplir la petición, pues el plan regulador no es un factor que se toma en cuenta a la hora de conceder o negar un permiso.

Descontrol. Actualmente solo 36 de las 89 municipalidades e intendencias del país cuentan con planes reguladores.

Los pozos consisten en perforaciones que van desde los 20 hasta los 230 metros de profundidad, de los cuales se que pueden extraer entre uno y 60 litros de agua por segundo.

Su finalidad es obtener líquido para fines agrícolas y industriales, entre otros.

“Se genera una competencia de usos del agua, la prioridad es el consumo humano; por ejemplo si no hay un plan regulador no se sabe cuánta gente va a requerir agua en una zona determinada en unos años, podría haber un desabastecimiento”, dijo Sancho.

En Costa Rica hay al menos 20.000 pozos, de los cuales la tercera parte son ilegales.

Según Sancho algunos de los sitios más críticos se ubican en las zonas costeras, entre ellos se destacan las comunidades de Santa Cruz, Playa Panamá, Carrillo y Liberia, por ejemplo.

Si a un acuífero en la costa se le extrae más agua de la que recibe se corre el riesgo de que colapse y se contaminen con agua salada.

“Se debe asumir con responsabilidad y sostenibilidad el uso de los recursos, se debe priorizar el consumo humano sobre la irrigación o otras actividades cuyos fines son lucrativos”, destacó.

Fría respuesta. Pese a que el Minae no rechaza una gestión de permiso para construir un pozo por la carencia de un plan regulador, el director de Aguas José Miguel Zeledón aseveró que ejercen controles fuertes.

“Dentro del análisis contemplamos el número de pozos existentes y la cantidad de personas en la zona que requieren el líquido (...)”, dijo.

Zeledón destacó que para otorgar un permiso se convoca a audiencia al AyA y al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara), los cuales brindan su criterio.

Comentó que hay zonas donde se ha limitado la construcción de pozos con el fin de proteger el recurso hídrico. Mencionó sitios como Mala Noche en Nicoya, Colima inferior, en San Rafael de Heredia, Barva y Barranca, entre otros.

Más pozos. Para este verano están acumuladas 400 solicitudes para construir pozos, las cuales se resolverán, en promedio, en seis meses.

Zeledón dijo que el promedio de rechazo es de un 30%, por lo que de esta lista se autorizarían 280.

Los propietarios de un pozo deben pagar anualmente un canon de ¢3,35 por metro cúbico de agua asignado en concesión, es decir que si consumen 100.000 litros deberán cancelar ¢335.000.

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La mayoría de permisos para construir pozos se solicitan para el área de Guanacaste, con el fin de abastecer la industria del turismo. Archivo

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Sin control

Hay unos 6.800 pozos ilegales

El director de Aguas del Minae, José Miguel Zeledón, reconoció que el control que se puede ejercer para evitar o sancionar la existencia de pozos ilegales es muy poca. “Encontrar un hueco en una finca de cinco hectáreas es como buscar una aguja en un pajar, es sumamente complicado”, manifestó. Además solo tres personas se dedican a esta labor y no de forma exclusiva. “Nos concentramos en la prevención, en vigilar a las empresas perforadoras. Seguir de cerca su itinerario, aunque nuestra capacidad de respuesta es casi nula”, aseguró. Si las autoridades dan con un pozo ilegal lo clausuran y el responsable podría ser acusado de usurpación de bienes de dominio público. A la fecha se estima que hay unos 6.800 pozos ilegales.

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