Santa Cruz y Nicoya

Municipios incumplen limpieza de zona pública

 En el 2004, la Contraloría pidió eliminar ocupaciones ilegales en la costa

 Alcalde de Santa Cruz dice que quieren cumplir orden en 11 meses

Corresponsal

Santa Cruz y Nicoya. La Contraloría General de la República (CGR) dio un jalón de orejas a las municipalidades de Nicoya y Santa Cruz por no cumplir con las disposiciones, emitidas desde el 2004, para poner en orden la zona marítimo-terrestre (ZMT).

En una inspección realizada a finales del 2007, el órgano contralor encontró que en Santa Cruz se mantienen las situaciones señaladas en los años 2004 y 2005.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

La Contraloría pidió cumplir con la implementación de planes reguladores en la ZMT que carecen de este instrumento de planificación y eliminar la ocupación ilegal de la zona pública.

Así lo indica el informe FOE-SM-2310 que envió la CGR el 12 de diciembre del 2007 al municipio.

Ante esta situación, la municipalidad reinició la semana pasada la acción de demoler las construcciones que se ubican en la zona pública en distintas playas.

En Tamarindo, por ejemplo, el viernes por la mañana fueron demolidas las cabinas Dolly.

El órgano contralor señaló en el 2004 la existencia de 97 propiedades que rozan con la Ley.

El informe es omiso en señalar cuántas edificaciones han quitado, pero menciona que aún existen piscinas, restaurantes, cabinas, cercas, hoteles y viviendas.

“Para la población santacruceña la liberación de la zona pública es una necesidad y, en algunos casos, los ocupantes no entienden que esta parte es inalienable, que nada se puede construir y, que, por lo tanto, los tenemos que quitar de esa zona”, indicó Jorge Chavarría Carrillo, alcalde de Santa Cruz.

Agregó que se comprometieron con la Contraloría a que en 11 meses cumplirán con el mandato.

Nicoya. En la Municipalidad de Nicoya también recibieron en diciembre un documento similar, el FOE-SM-2315, donde la Contraloría le hizo ver al alcalde y regidores el resultado de la inspección de octubre.

La Contraloría resaltó el esfuerzo del ayuntamiento para cumplir cada una de las disposiciones emitidas en el 2004 y 2005. Tampoco señala el número de edificaciones pendientes de ser eliminadas.

Pese a que han mejorado, las situaciones establecidas en el estudio aún persisten, por lo que se fijó un plazo de ocho meses para que la ZMT quede liberada.

José Antonio Méndez, presidente municipal de Nicoya, dijo que están avanzando en resolver las apelaciones presentadas por los concesionarios.

“Las apelaciones son las que mantienen lento el proceso, pero hemos estado trabajando para limpiar la zona”, indicó .