Fiscal General envió directriz a subalternos el 30 de enero

Fiscalía exige dureza contra delitos menores

 Ordena acusar por ‘cadenazos’, robo de cable eléctrico y tapas de alcantarillas

 Solicita abrir procesos por robos con fuerza, sea física o psicológica

El fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, exigió a todos los fiscales aplicar ‘mano dura’ para los imputados por delitos menores.

En una circular enviada a sus subalternos el pasado 30 de enero, Dall’Anese les pide acusar penalmente por delitos como la venta de pólvora a menores de edad y los “cadenazos” donde medie la violencia, ya sea con arma de fuego o blanca.

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También pide una acción firme contra el robo de cable eléctrico y de tapas de alcantarilla, desobediencia y resistencia a la autoridad.

En la directriz, Dall’Anese restringió el uso del criterio de oportunidad, que permitía a los representantes del Ministerio Público en todo el país desistir de la acción penal cuando se tratara de hechos insignificantes.

Según el Fiscal, la utilización de ese concepto, que se había dejado bajó la responsabilidad de las Fiscalías Adjuntas y de conformidad con las particularidades de cada territorio, creó confusión entre los policías y los ciudadanos.

Con la nueva disposición, se procura unificar las políticas para evitar errores y que no se desnaturalice la labor del Ministerio Público.

“Aplicar criterios de oportunidad a tales delitos, se traduce en pérdida del carácter coercitivo de las normas que otorgan poder a las instituciones o entidades oficiales, de modo que prácticamente deja de ser jurídico para convertirse en una forma de cortesía o en simples normas éticas o morales. Esto no puede aceptarse en un Estado de Derecho”, reza la nota.

El documento se divulgó en la página web del Ministerio Público.

La directriz trasciende poco después de que el Gobierno se comprometió a entregar al OIJ ¢7.000 millones para que la entidad reclute 500 agentes más.

Además, la Corte Suprema de Justicia anunció que juzgará de manera rápida (pocas horas o en un máximo de cuatro días) a delincuentes detenidos in fraganti, como parte de acciones para combatir la inseguridad que azota el país.

Medidas. En la circular, Dall’Anese menciona que no se debe aplicar el criterio de oportunidad en procesos por delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, violación de sellos, infracciones a la Ley de Armas y Explosivos y de la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres.

Asimismo, reseña que “toda acción cometida con fuerza sobre las cosas o con violencia en las personas contiene un plus de lesividad que no se reduce al bien patrimonial afectado sino que va más allá del deterioro material alcanzando la salud y la vida”.

Enumera que en esos casos están las lesiones, las agresiones, las tentativas de delitos con la salud y la vida y toda forma de violencia psicológica o física.

La circular menciona que aunque el Consejo Fiscal ha discutido , sin llegar a un acuerdo, no se debe tener ¢250.000 como límite para considerar como importante un daño de carácter patrimonial.

Agrega que sin que se establezca una suma, y hasta que el Consejo Fiscal no llegue a un acuerdo: “Se podrá considerar insignificante un hecho, sí y solo sí, no concurre otra lesión a otro bien jurídico”.

Respecto al robo de cable, tapas de alcantarilla, barandas de puentes y señales de tránsito que ponen en peligro las personas, menciona que no puede estimarse insignificantes solamente por el valor económico de lo sustraído, sino que deben valorarse los trastornos que se causan a los servicios públicos.

Reincidentes. Dall’Anese señala que los imputados sometidos a distintas investigaciones o procesos “no pueden beneficiarse del criterio de oportunidad por insignificancia”.

Recordó a los fiscales que siempre deben solicitar al tribunal decretar el comiso en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió el delito o cualesquiera otros valores que representen un provecho derivado del mismo delito.