Carta a presidente del COI

Arias expone a Jacques Rogge inquietud por olimpismo tico

El presidente de la República, Óscar Arias, dirigió una carta al presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, para manifestarle su preocupación por los problemas que rodean al olimpismo en nuestro país.

La nota de Arias, con fecha del 22 de enero, expone una serie de temas y conflictos alrededor del Comité Olímpico Nacional (CON).

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“La esperanza (de escuchar el himno nacional en un podio) se ve teñida hoy por un dejo de incertidumbre producto de la inestable situación que se presenta en el medio deportivo costarricense.

“ El Gobierno de la República ha roto relaciones con el Comité Olímpico de Costa Rica , a causa de diferencias que han sido difíciles de congeniar. A lo interno del Comité Olímpico Nacional, los desacuerdos han sido también profundos, y han traído como consecuencia la renuncia del tesorero y del fiscal del Comité, cuyos sustitutos no han podido ser nombrados debido a la ausencia de reuniones del Comité Ejecutivo, que no sesiona desde hace aproximadamente once meses”, manifiesta el documento.

Límites. El mandatario Arias aclara más adelante que no se trata de una solicitud de intervención.

“Soy respetuoso de la Carta Olímpica que rige al Comité Olímpico Internacional, y es por eso que me dirijo a usted no con una petición ni con una sugerencia, sino con el único interés de manifestarle mi preocupación”, asegura.

Arias detalló a Rogge que ya 21 federaciones pidieron un cambio, en alusión a la solicitud de renuncia que esos deportes le plantearon el año pasado a Jorge Nery Carvajal, presidente del Comité Olímpico. Carvajal no atendió la petición y continúa en el cargo.

La misiva también señala que hace unos días el Consejo de Gobierno solicitó al Ministerio Público investigar si alguien en el CON cometió alguna irregularidad con la supuesta renuncia de Luis Soto ante el Consejo de Deportes.

Esa es una de las tres investigaciones que efectúa la Fiscalía en torno al olimpismo tico. Las otras dos se refieren a una denuncia por 37 presuntos delitos económicos –presentada por un exfuncionario– y a una partida de ¢144 millones que se giró en el 2006. Esta última la presentó la Contraloría.